El exsecretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo André Bazla, solicitó la nulidad de su procesamiento en el marco de la causa conocida como “El Caburé”, que investiga el robo de una millonaria cosecha de maíz en la provincia de San Luis.
El planteo fue presentado durante una audiencia realizada en los tribunales de Villa Mercedes, donde se trató la apelación contra la batería de delitos que le imputó el juez Alfredo Cuello.
La investigación gira en torno al presunto robo de una cosecha valuada en más de dos millones de dólares, que se encontraba bajo custodia del Estado provincial.
Bazla, considerado uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Claudio Poggi, pidió “la nulidad absoluta de todo lo actuado” por el magistrado, en un intento por dejar sin efecto su procesamiento.
El Tribunal de Apelaciones, integrado por Montserrat Bocca (presidenta), Marcelo Bustamante Marone y Hernán Herrera, deberá resolver si hace lugar al planteo de la defensa.
El exfuncionario fue procesado por una serie de delitos, entre ellos defraudación en perjuicio de la administración pública, hurto, abuso de autoridad, peculado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica, estafa procesal y utilización de documentos públicos agravada.
Durante la audiencia, el fiscal Leandro Estrada cuestionó la estrategia de la defensa y sostuvo que el planteo tiene un “ánimo dilatorio”, con el objetivo de demorar el avance del proceso judicial.
La causa “El Caburé” escaló en relevancia debido a la presunta implicación de funcionarios y dirigentes cercanos al Gobierno provincial, lo que le dio trascendencia más allá de San Luis.
Entre los nombres mencionados en el expediente figuran el ministro del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza (exfiscal de Estado), los ministros Federico Trombotto (Desarrollo Productivo) y Gonzalo Amondaraín (Gobierno), además de Diego Amondaraín, asesor en el área del Pueblo Ranquel.
En paralelo, el abogado Pascual Celdrán, representante de uno de los productores damnificados, anticipó que solicitará la prisión de Bazla por presunto incumplimiento de las restricciones impuestas por el juez Cuello. Según indicó, el exfuncionario tenía prohibido comunicarse con autoridades provinciales o acercarse a Terrazas del Portezuelo, pero habría admitido públicamente haber mantenido contacto con el gobernador y el vicegobernador tras su procesamiento.
Por su parte, el exdirector de Legalidad de la Secretaría de Ética Pública, Darío Oviedo Helfenberger —primer procesado en la causa— participó de la audiencia sin realizar planteos.
Ahora, el Tribunal deberá definir si hace lugar al pedido de nulidad o si el proceso judicial continúa su curso.
