Avanzaron las topadoras en “Familia Unida” pese al reclamo de 33 familias
Por Alejo Pombo
Momentos de fuerte tensión se vivieron este mediodía en el barrio “Familia Unida”, en el noroeste de Villa Mercedes, cuando topadoras de una empresa contratada por el Gobierno provincial comenzaron a limpiar los terrenos donde está prevista la construcción de 300 viviendas.
El operativo, que inicialmente se esperaba para el lunes, se adelantó luego de que las 33 familias que adquirieron los lotes hicieran pública su situación y denunciaran que las futuras casas del plan habitacional se levantarían sobre tierras que aseguran haber pagado.
Pasadas las 13:00, con custodia policial, las máquinas ingresaron al predio ubicado entre la Autopista de las Serranías Puntanas, la avenida 25 de Mayo y el canal conocido como La Dársena, en una zona donde años atrás funcionaba un motel denominado “Top”.
“Esperamos que intervenga la Justicia”
En el lugar se registraron escenas de angustia, llantos e indignación. “Yo ya pagué más de 10 millones de pesos, no puede ser lo que estamos viviendo… esperamos que intervenga la Justicia, que frenen este atropello”, expresó una de las mujeres damnificadas.
Varios vecinos afirmaron haber abonado alrededor de 15 millones de pesos por cada lote, además de honorarios profesionales. Según indicaron, cuentan con boletos de compra-venta certificados por escribano y planos aprobados.
El conflicto se visibilizó el sábado, cuando los vecinos mantuvieron una reunión con la comerciante que les vendió los terrenos. Allegados al grupo señalaron que “todo indica que es gente que ha sido sorprendida en su buena fe” y sostienen que podrían ser víctimas de una presunta estafa.
Sospechas y versiones cruzadas
De acuerdo a lo que trascendió entre los propios vecinos, los terrenos habrían sido adquiridos a un supuesto puntero político que aseguró haberlos recibido como herencia familiar.
“¿Por qué nos vendiste los terrenos si sabías que iban a hacer los barrios?”, le reprochó una de las perjudicadas a la persona que comercializó los lotes.
Mientras tanto, las familias preparan acciones legales y una nota dirigida al gobernador Claudio Poggi solicitando su intervención. Temen que el avance de las obras derive en el desalojo o la demolición de construcciones ya iniciadas.
Un conflicto abierto
La situación deja planteado un escenario de incertidumbre jurídica: por un lado, el anuncio oficial de construcción de 300 viviendas; por otro, compradores que aseguran tener documentación respaldatoria sobre los terrenos.
Con las máquinas ya trabajando en el predio y la presencia policial para custodiar el operativo, el conflicto podría trasladarse al ámbito judicial en las próximas horas.
