¿Qué reveló Clarín sobre el escándalo de corrupción en El Caburé?

La causa judicial por presuntas irregularidades en el manejo de la cosecha del campo estatal “El Caburé” sumó repercusión nacional luego de que el diario Clarín publicara una investigación sobre el caso, en la que detalló el avance del expediente y la situación procesal de exfuncionarios provinciales.
El artículo, firmado por el periodista Pedro Gianello, expone la investigación impulsada por la fiscalía encabezada por Leandro Estrada, que analiza posibles delitos de administración fraudulenta, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los principales apuntados en la causa son Ricardo Bazla, exsecretario de Ética Pública, y Darío Oviedo Helfenberger, exdirector de Legalidad, ambos vinculados a decisiones tomadas en torno a la explotación agrícola del establecimiento estatal.
Según la acusación, los funcionarios no habrían garantizado el debido resguardo del patrimonio provincial al omitir procedimientos administrativos y expedientes vinculados a la cosecha de aproximadamente 1.800 hectáreas de maíz.
La investigación intenta determinar qué ocurrió con el producido económico de esa explotación y por qué los fondos no habrían ingresado formalmente a las arcas públicas.
El informe periodístico también reveló conversaciones de WhatsApp incorporadas a la causa entre funcionarios y Víctor Endeiza, quien en ese momento se desempeñaba como Fiscal de Estado y actualmente integra el Superior Tribunal de Justicia.
De acuerdo con la publicación, uno de los mensajes incluidos en el expediente contiene una respuesta atribuida a Endeiza respecto de la continuidad de la cosecha: “Sí, cosechalo”.
La difusión de esos intercambios generó un fuerte impacto político debido a la relevancia institucional de los involucrados.
Otro de los puntos abordados por Clarín fue la declaración de Francisco Anselmi, productor rural contratado para realizar la cosecha.
Según su testimonio, el acuerdo contemplaba un pago en especie equivalente a hasta 750 kilos de maíz por hectárea, aunque aseguró que finalmente retiró unas 914 toneladas y que la operación terminó arrojándole pérdidas económicas debido a las condiciones climáticas.
En paralelo, productores que originalmente trabajaban sobre esos campos sostienen que el valor total de la cosecha habría rondado los dos millones de dólares.
Más allá de las diferencias sobre el volumen y el resultado económico, la investigación judicial pone el foco en la ausencia de procedimientos administrativos formales y en el manejo del recurso estatal.
El caso provocó además repercusiones políticas dentro del oficialismo provincial y derivó en cambios y reacomodamientos internos.
A eso se sumaron cuestionamientos públicos del exgobernador Adolfo Rodríguez Saá, quien utilizó el tema para marcar diferencias con la gestión de Claudio Poggi.
Mientras tanto, la causa continúa avanzando en la Justicia y mantiene bajo análisis el rol que desempeñaron distintos funcionarios y organismos provinciales en torno al manejo del campo estatal.
