Fentanilo en las venas: la trama de Ariel García Furfaro, entre la corrupción y el poder político
La tragedia del fentanilo contaminado dejó 96 muertos y expuso un entramado de negligencia, corrupción y vínculos políticos. Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, aparece como figura central, con lazos que van del kirchnerismo al mileísmo. La Justicia investiga responsabilidades que cruzan gobiernos y ministerios.
Por María Cruz*
El escándalo del fentanilo contaminado, que ya provocó la muerte de al menos 96 personas en todo el país, no solo es un drama sanitario sino también un espejo de las debilidades estructurales de la Argentina. En el centro de la tormenta está Ariel García Furfaro, empresario dueño de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, señalado como responsable directo de la producción de las ampollas adulteradas.
Su historia mezcla violencia, negocios turbios y poder político. Condenado en 2002 por tentativa de homicidio, en prisión se recibió de abogado y luego se volcó al negocio farmacéutico, pese a un historial de irregularidades que incluye contrabando, una explosión en un laboratorio en 2016 y contratos millonarios con el Estado.
La ANMAT había detectado en noviembre de 2024 “deficiencias críticas” en Ramallo, pero recién clausuró la planta en mayo de 2025, cuando la denuncia del Hospital Italiano ya había puesto en evidencia la magnitud de la tragedia. Esa demora de seis meses se convirtió en uno de los puntos más graves de la investigación.
García Furfaro no ocultaba sus vínculos políticos. Admirador declarado de Cristina Kirchner, viajó en 2020 a Rusia en la comitiva oficial para negociar la vacuna Sputnik V. Su empresa compartía domicilio con sociedades ligadas a Lázaro Báez. Sin embargo, también cultivó lazos con referentes de La Libertad Avanza, al punto de seguir ganando licitaciones durante el gobierno de Javier Milei. Filtraciones recientes incluso mencionan a Karina Milei en supuestos retornos por contratos de medicamentos.
El caso golpea a las gestiones sanitarias de Ginés González García y Mario Lugones, ambos bajo la lupa por omisiones y silencios que costaron vidas. Mientras Ginés arrastraba el escándalo del vacunatorio VIP, Lugones enfrenta críticas por la inacción de la ANMAT frente a los informes que advertían condiciones insalubres en los laboratorios.
El 20 de agosto de 2025, la Justicia ordenó la detención de García Furfaro, familiares y directivos. Pruebas del Instituto Malbrán confirmaron que las bacterias halladas en las ampollas coincidían con las que afectaron a los pacientes fallecidos.
La tragedia del fentanilo deja una conclusión incómoda: la “casta” que Milei prometió erradicar sigue viva. El escándalo atraviesa banderas políticas y desnuda un sistema donde la salud pública se convierte en moneda de cambio, con consecuencias mortales.
