Universidades paralizadas: crece el conflicto salarial con el Gobierno

Docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales realizaron este miércoles un paro de 24 horas en todo el país para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial. Los gremios denuncian una diferencia del 28,5% en los haberes y anticiparon una nueva semana de huelga entre el 18 y el 22 de agosto.

La medida fue convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales y alcanzó a las casas de altos estudios públicas. La protesta incluyó reclamos por salarios, presupuesto, becas y fondos destinados a los hospitales universitarios.

El conflicto se centra en la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La norma, sancionada en 2025, establece entre sus objetivos garantizar las condiciones laborales y salariales de docentes y no docentes y contempla mecanismos de actualización para el financiamiento universitario.

Los sindicatos sostienen que el Gobierno no cumplió de manera integral con esas disposiciones. Conadu Histórica calcula que la diferencia pendiente para la equiparación salarial alcanza el 28,5%, sin contabilizar el retroactivo que reclama desde la entrada en vigencia de la ley.

En paralelo, otros gremios cuestionan el acuerdo salarial alcanzado en junio y señalan que el incremento aplicado no compensó la pérdida acumulada. Según el reclamo sindical, el aumento del 21,3% cobrado en julio representa menos de la mitad de la recomposición que consideran pendiente.

La Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) rechazó ese acuerdo y anunció que profundizará el plan de lucha. La organización anticipó una nueva medida de fuerza de cinco días, entre el martes 18 y el sábado 22 de agosto.

El reclamo también alcanzó a investigadores y trabajadores de organismos científicos. En distintas provincias se organizaron actividades de visibilización y movilizaciones, mientras que algunos gremios universitarios realizaron acciones conjuntas con trabajadores del CONICET, INTA e INTI.

El Gobierno, en cambio, sostiene que no existe un incumplimiento de su parte. El Ministerio de Capital Humano afirmó que las transferencias al sistema universitario están al día de acuerdo con los compromisos asumidos y cuestionó el carácter de la protesta.

Desde la cartera encabezada por Sandra Pettovello calificaron el paro como una medida “política” y sostuvieron que no tiene como prioridad la educación. Además, señalaron que los principales afectados por la interrupción de actividades son los estudiantes.

El Ejecutivo también convocó a una nueva reunión paritaria para el 1° de septiembre. Los gremios, sin embargo, consideran que la discusión salarial no alcanza para resolver el reclamo central y exigen el cumplimiento integral de la Ley de Financiamiento Universitario.

La disputa se mantiene desde la sanción de la Ley 27.795. La norma fue aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo en octubre de 2025, aunque su decreto de promulgación dejó expresamente asentada la condición presupuestaria prevista en la Ley 24.629.

Con el paro de este miércoles, el conflicto universitario volvió a escalar en el inicio del segundo cuatrimestre. Los gremios ya anticiparon nuevas medidas para la próxima semana si no reciben respuestas sobre salarios y financiamiento.