Universidades: denuncian una brecha de $2,1 billones en el Presupuesto 2027

La quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves 15 de octubre en todo el país, vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de sus trabajadores. En ese contexto, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 prevé $7,50 billones para las universidades nacionales, frente a los $9,74 billones que recibirían si se aplicara la Ley de Financiamiento Universitario.

La diferencia asciende a unos $2,24 billones, equivalente a un 29,8% más respecto de la partida contemplada en el proyecto oficial, según el informe publicado por el CEPA. El estudio compara los recursos previstos para el Programa 26, destinado al desarrollo de la educación superior, con los montos que corresponderían bajo la aplicación de la ley.

La movilización reclama que el Gobierno de Javier Milei cumpla con la normativa aprobada por el Congreso y con las resoluciones judiciales vinculadas con su implementación. También exige una recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario.

El presupuesto universitario, por debajo de los niveles de 2023

El análisis del CEPA sostiene que el proyecto presupuestario para 2027 consolida una reducción real de los fondos destinados a las universidades nacionales respecto de 2023, pese a que contempla una mejora frente al crédito vigente para 2026.

De acuerdo con el informe publicado en septiembre, el presupuesto universitario cayó un 35,4% en términos reales entre 2023 y 2025. Para 2026, el estudio estimó una reducción del 25,4% frente a 2023, mientras que para 2027 proyectó una caída del 25,2%.

Las cifras se expresan en pesos constantes para permitir la comparación entre distintos períodos y descontar el efecto de la inflación. El CEPA advierte que la diferencia entre el proyecto oficial y los recursos previstos por la ley limita la recuperación del financiamiento universitario.

La pérdida salarial de docentes y no docentes

El informe también examina la evolución de los ingresos del personal universitario. Según los datos publicados por el CEPA, hasta agosto de 2026 los salarios de docentes y no docentes mantenían una pérdida de poder adquisitivo del 25% respecto de noviembre de 2023.

El estudio señala que el deterioro se concentró principalmente durante los primeros meses de la actual gestión nacional y que los incrementos salariales posteriores no alcanzaron para recuperar lo perdido frente a la inflación.

Uno de los ejemplos utilizados es el salario bruto de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad. El documento compara su evolución en términos reales y calcula cuánto habría percibido si se hubiera aplicado la Ley de Financiamiento Universitario.

El relevamiento también contrasta los salarios básicos de distintas categorías docentes y no docentes con el valor de la canasta básica total para un hogar de cuatro integrantes. La comparación busca dimensionar las dificultades económicas que enfrentan trabajadores universitarios en un contexto de pérdida de ingresos reales.

El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario

La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue sancionada por el Congreso en agosto de 2025. Después del veto presidencial, ambas cámaras insistieron con su aprobación en octubre de ese año.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo suspendió su aplicación mediante el Decreto 759/2025, con el argumento de que no estaban especificadas las fuentes de financiamiento. En diciembre de 2025, la Justicia federal ordenó al Estado nacional cumplir con la norma.

En febrero de 2026, el Gobierno envió al Congreso un proyecto para modificar la ley, pero la iniciativa no llegó a ser tratada en comisión, según reconstruye el informe del CEPA.

La discusión se mantiene abierta en el marco del debate del Presupuesto 2027 y de los reclamos judiciales y gremiales. La quinta marcha federal busca presionar para que se aplique la ley, se actualicen los salarios y se garantice el financiamiento de las universidades públicas y del sistema científico nacional.