Un disparo y una crisis en ascenso: Bolivia reconoce una víctima fatal
El Gobierno de Bolivia reconoció oficialmente la muerte de un manifestante de 24 años durante los enfrentamientos registrados el fin de semana en las afueras de La Paz, en medio de una creciente crisis política y social marcada por protestas, bloqueos de rutas y pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz. El reconocimiento llegó después de que las autoridades hubieran negado inicialmente la existencia de víctimas fatales.
El fallecimiento ocurrió el sábado durante un operativo conjunto de fuerzas policiales y militares que intentaba despejar los accesos a La Paz, bloqueados desde hace semanas por organizaciones sociales, sindicales e indígenas que reclaman cambios en la política económica del Gobierno y exigen la salida del mandatario.
Según el acta de defunción, el joven murió como consecuencia de un “proyectil de arma de fuego”. La información fue confirmada posteriormente por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, quien expresó las condolencias oficiales a la familia y a la comunidad de la víctima.
“Como Gobierno nacional expresamos nuestras condolencias a la familia y a la comunidad; entendemos su dolor”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa en la que reconoció el fallecimiento. También admitió que la información oficial inicial fue corregida a medida que avanzó la investigación.
Pese a ello, Gálvez sostuvo que las fuerzas antidisturbios tienen órdenes estrictas de no utilizar armas de fuego ni balines de goma durante los operativos de control de manifestaciones. En ese sentido, aseguró que las autoridades investigarán el origen del disparo y las circunstancias en las que ocurrió la muerte.
“Esto ha tenido un causante en específico y, no importa quién haya sido, nadie está por encima de la ley”, señaló el portavoz presidencial al referirse a la investigación en curso.
La muerte del manifestante profundizó la tensión en un país que atraviesa semanas de conflictividad social. Los bloqueos instalados en distintas rutas del país han provocado dificultades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, especialmente en La Paz y El Alto.
Organismos de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia Católica reclamaron una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades por el uso de la fuerza durante los operativos de despeje.
Mientras tanto, las protestas continúan en distintos puntos del país y las organizaciones movilizadas mantienen los cortes de rutas como medida de presión. La situación mantiene en alerta al Gobierno boliviano, que enfrenta uno de los momentos más delicados desde la asunción de Rodrigo Paz hace apenas unos meses.
