18 noviembre, 2026

San Luis aprobó la Ley Impositiva 2027 y la reforma penal juvenil

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El Senado provincial sancionó dos iniciativas impulsadas por el oficialismo. La Ley Impositiva 2027 contempla actualizaciones de hasta el 30% y una reducción en el Automotor. La reforma penal juvenil establece procedimientos especiales para adolescentes desde los 14 años. La oposición cuestionó ambas medidas.

La Cámara de Senadores de San Luis convirtió en ley, el martes 17 de noviembre, la Ley Impositiva Anual para 2027 y la adecuación del Régimen Procesal Penal Juvenil. Ambas iniciativas fueron aprobadas por mayoría oficialista, pese al rechazo de la oposición, que cuestionó tanto las actualizaciones tributarias como la falta de precisiones presupuestarias para implementar los cambios en la Justicia.

Una ley impositiva con aumentos y beneficios

Durante el debate tributario, el senador oficialista Adolfo Castro Luna defendió el proyecto y sostuvo que no se incrementan las alícuotas de los impuestos Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos y Sellos. Sin embargo, reconoció actualizaciones de entre el 20% y el 30% en los montos fijos.

Uno de los principales cambios es la reducción del 20% en las alícuotas del impuesto Automotor. Los porcentajes pasarán del 2,5% al 2% en el tramo inferior y del 5% al 4% en el superior. El monto final que deberá pagar cada contribuyente también dependerá de la valuación fiscal del vehículo.

La normativa mantiene los descuentos por cumplimiento y las exenciones para jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos. También amplía el beneficio del 100% de exención del Inmobiliario a las familias que tengan un integrante con discapacidad, aunque no sea titular de la propiedad.

Otro punto contempla la ampliación de los topes de facturación para que más pequeñas y medianas empresas accedan a alícuotas reducidas de Ingresos Brutos. Además, quienes se atrasen en un pago perderán los beneficios por cumplimiento solamente durante ese mes.

Desde el oficialismo argumentaron que las actualizaciones, de entre el 20% y el 30%, se ubican por debajo de las proyecciones presupuestarias, que contemplaban un incremento promedio del 33%.

La postura fue cuestionada por el senador opositor Hugo Olguín, quien advirtió que las modificaciones igualmente tendrán impacto en los bolsillos. Entre los ejemplos mencionó el aumento del 18,71% en el mínimo anual general de Ingresos Brutos y la suba del monto fijo de Sellos para determinados actos y contratos, que pasará de $93.600 a $112.300.

También cuestionó los incrementos en declaraciones juradas y certificaciones, y sostuvo que las actualizaciones afectan especialmente a pequeños comerciantes, trabajadores independientes y emprendimientos.

Otro foco de conflicto fue el artículo 84, que habilita la reubicación de trabajadores de la Dirección Provincial de Ingresos Públicos (DPIP) ante cambios en las modalidades de trabajo. Mientras Castro Luna aseguró que se respetarán las categorías y los derechos adquiridos, Olguín cuestionó la falta de criterios específicos sobre los posibles traslados.

La reforma penal juvenil también recibió críticas

El segundo proyecto aprobado modifica el Código Procesal Penal provincial y la Ley Orgánica de la Administración de Justicia para adecuar los procedimientos locales al nuevo régimen nacional de responsabilidad penal juvenil.

La reforma establece un sistema especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, incorpora garantías procesales y prioriza las medidas socioeducativas y alternativas al encierro. La privación de la libertad queda establecida como un recurso excepcional.

La iniciativa también contempla capacitación obligatoria para jueces, fiscales y defensores, mecanismos para evitar la revictimización mediante declaraciones en Cámara Gesell y procedimientos específicos para víctimas adultas en situación de vulnerabilidad.

El senador oficialista Martín Olivero defendió la propuesta y señaló que busca garantizar los principios de especialidad, proporcionalidad, mínima intervención y celeridad. También explicó que se diferencia el proceso penal del sistema de protección integral de derechos de niños y adolescentes.

La oposición, en cambio, advirtió sobre las dificultades que podría generar la implementación. El senador Torres cuestionó que el proyecto no detalle la cantidad de profesionales necesarios, la infraestructura disponible ni los costos que demandará el nuevo esquema.

También reclamó precisiones sobre la capacitación de los operadores judiciales, los supervisores y los espacios de alojamiento para adolescentes. Según planteó, dejar esos aspectos pendientes de reglamentación podría generar problemas cuando la normativa entre en vigencia.

«No alcanza con decir que después se va a reglamentar. Antes de aprobar necesitamos conocer el costo, los recursos disponibles y los plazos de preparación», sostuvo Torres.

La sanción de ambas iniciativas marca uno de los últimos movimientos legislativos del año en San Luis y deja planteados dos debates: el impacto de la política tributaria sobre los contribuyentes y las condiciones materiales para poner en marcha el nuevo sistema penal juvenil.

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