Por Alejo Pombo
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) rechazará los aumentos en los servicios de telefonía fija y móvil, internet y televisión paga para agosto y septiembre que las empresas informaron a los usuarios, aseguró el vicepresidente de la dependencia oficial, Gustavo López.
«Nosotros vamos a rechazar los aumentos», dijo López, quien advirtió que «lo que pretenden las empresas es un proyectado del 65 al 70% de aumento en un año», incremento al que calificó de «disparate».
«Con aumentos de ese tipo, amparados por la justicia, mucha gente se va quedar sin servicio», enfatizó el funcionario.
En enero de este año se descongelaron los precios de los servicios de comunicaciones, En esa oportunidad, el Enacom autorizó hasta el 1° de julio aumentos del 20%, mientras que las empresas aumentaron alrededor de 32%, amparadas en medidas cautelares que frenaron la aplicación del DNU 690 y sus reglamentaciones que categorizaron a la tv paga, internet y telefonía como servicios públicos esenciales y en competencia.
«Nuestro objetivo era que no hubiera aumentos hasta diciembre, pero las empresas ya anunciaron incrementos para agosto y septiembre. Esta semana nosotros lo vamos a rechazar», indicó López.
El vicepresidente del Enacom recordó que existen medidas cautelares iniciadas por las empresas que impiden la aplicación del DNU 690 que declara a internet, telefonía fija y móvil y tv paga como servicio público esencial y en competencia, así como la posibilidad de regular los precios.
«En este punto no hay dialogo porque cada uno tiene una postura diametralmente opuesta, no hay posibilidad de zanjarlo: O es servicio público o no es servicio público», insistió.
Dijo que a pesar de las objeciones realizadas al DNU 690, «las empresas están invirtiendo más que en el 2019», cuando los precios estaban liberados.
López concluyó que tras analizar los montos invertidos en los últimos seis años, «la inversión no
depende de la regulación sino de la macroeconomía».
Consultado por la posición de quienes promueven que el Estado subsidie la demanda y deje los precios liberados a la competencia indicó que: «subsidiar la demanda sería: cobren lo que quieran que total el Estado lo paga. Nosotros decimos: cobren lo justo, lo razonable, que nosotros también ayudamos».
Subrayó además, que el Fondo de Servicio Universal tiene por objeto financiar la expansión de redes y que los ingresos que existen por ese concepto no alcanzarían para subsidiar la demanda.
Ante la posición del sector privado que asegura verse condicionado por la declaración de servicio público, y especialmente por la regulación de precios, López señaló que «nosotros no nos metemos en sus ganancias, pero estamos cuidando al consumidor».
Agregó que la decisión de declarar a internet como servicio público se tomó un año atrás cuando en plena pandemia, con el aislamiento social vigente y un congelamiento en las tarifas de gas, luz y agua, las empresas del sector «quisieron volver a aumentar de un modo brutal» los precios de los servicios.
La semana pasada el presidente Alberto Fernández reavivó el debate público al sostener que las comunicaciones son un servicio público «le pese a quien le pese».
Para el vicepresidente del Enacom queda claro que «vale la pena el debate público sobre si internet o las telecomunicaciones tienen que tener un acceso universal o tienen que estar restringido por la ley de oferta y demanda».
López rechazó que la declaración de servicio público sea una medida que vaya en contra de un grupo empresario determinado, dado que Telecom fue la primera empresa en imponer aumentos superiores a los aprobados por el Enacom.
«Nunca lo pensamos así. Las circunstancias nos llevan a determinadas declaraciones porque quien encabezo la lucha en contra fue un grupo especifico», indicó.
Recordó que «todo esto vino a partir de la pandemia» y que «el diálogo por la suba de precios se rompió cuando quisieron aumentar mucho más allá de lo que la lógica indicaba».
Señaló que la declaración de internet como servicio esencial es una recomendación de las Nacionales Unidas y puso como ejemplo de esto que en «Chile ya tiene media sanción el servicio publico de internet y Colombia lo aprobó la semana pasada».
A lo que se suma que tienen la misma calificación para internet en México, Canadá y «algunos países de Europa», agregó el funcionario.
«Nosotros lo hicimos, lo creemos y lo sostenemos porque nos parece que como la luz, el gas y el agua, es un servicio esencial para la vida cotidiana», finalizó López.
Los precandidatos a legisladores nacionales deberían pronunciarse» a favor o contra la declaración de internet como servicio público y la universalización del acceso, sostuvo el senador nacional Alfredo Luenzo, autor del proyecto de ley que «refuerza el DNU 690» sancionado por el Poder Ejecutivo. «Los precandidatos tendrían que pronunciarse sobre este tema. Si creen o no que debería ser servicio púbico.
Es el momento de jugarse. Cuando votamos un legislador debe saber cuál es su posición en temas tan sensibles», dijo. El proyecto de ley incorpora los conceptos del DNU 690 que declaró como servicio público esencial y en competencia a la telefonía fija y móvil, a internet y a la TV paga.
«La ley le da una robustez a la iniciativa del presidente Alberto Fernández que no la tiene un decreto que ya está judicializado», señaló el senador. En coincidencia con el presidente de la Comisión de Comunicaciones de Diputados, Pablo Carro, Luenzo remarcó que la iniciativa «repara el decreto 267 del año 2015 que derogó artículos de a ley Argentina Digital y la ley de servicios de Comunicación Audiovisual» (ley de Medios).
Subrayó que el «momento es oportuno» en un contexto de «judicialización» de las normas vigentes, así como por «el agravamiento de la falta de conectividad y el nivel de costos que estamos teniendo, hay que actuar ya». Remarcó que «hay provincias que apenas llegan al 30% de conectividad».
Para Luenzo, «éste es el momento de jugarse»
