Por Alejo Pombo
La reciente preocupación de los vecinos de El Trapiche por la posible explotación minera en la zona de Río Grande ha puesto en evidencia serias deficiencias en la gestión del actual gobierno de San Luis. Los ciudadanos habían solicitado información a la Secretaría de Ambiente sobre el traspaso de tierras a la empresa Cóndor Prospecting S.A. para la explotación de la mina ‘La Bolsa’. La respuesta del gobierno revela un preocupante desconocimiento y una aparente falta de capacidad en la gestión de estos temas cruciales.
El director de Minería, Juan Fernández, aclaró que la notificación recibida por los vecinos correspondía a un trabajo de la administración anterior, con un expediente fechado en octubre del año pasado. Sin embargo, Fernández admitió que el actual gobierno no tenía conocimiento del proyecto debido a una transición desordenada. “Tomamos conocimiento recién ahora porque el expediente no se había movido desde octubre del año pasado”, señaló Fernández.
Este retraso en la gestión pone en evidencia una falta de eficiencia en la administración actual. La ausencia de un seguimiento adecuado de los expedientes y la falta de comunicación con la ciudadanía destacan una preocupante deficiencia en la capacidad de gestión del gobierno. A pesar de que Fernández aseguró que se revisarán los expedientes para garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales y mineras, la falta de preparación y el desorden en la transición generan dudas sobre la capacidad del gobierno para manejar estos temas de manera efectiva.
El proyecto minero en cuestión involucra diseminados de oro y cobalto en la zona de Río Grande, y Fernández aclaró que, si la empresa quisiera desarrollar una mina, tendría que cumplir con varios requisitos legales. No obstante, la falta de conocimiento previo y la necesidad de revisar los expedientes indican una gestión deficiente en la supervisión de proyectos mineros y ambientales.
Fernández también destacó que el expediente estaba listo desde el año pasado, pero que el gobierno actual recién se ha puesto al tanto ahora. “La empresa Cóndor Prospecting había comunicado por medio de un juez de paz a los vecinos una notificación de la administración anterior. Esto trascendió entre los vecinos, quienes se preocuparon y enviaron una nota solicitando información”, explicó Fernández.
Esta falta de gestión adecuada no solo afecta la eficacia en la administración de los proyectos mineros, sino que también impacta la confianza de la ciudadanía en el gobierno provincial. La capacidad de un gobierno para gestionar y comunicar eficazmente temas importantes, como la explotación minera y la protección ambiental, es fundamental para mantener la confianza pública y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones.
El actual gobierno de San Luis enfrenta el desafío de mejorar su gestión y garantizar una transición más ordenada y eficiente para evitar que problemas similares persistan en el futuro. La situación actual resalta la necesidad urgente de una mayor capacidad de gestión y comunicación para abordar los problemas de manera efectiva y mantener informada a la ciudadanía.