4 agosto, 2026

Paro docente: fuerte impacto en Buenos Aires y tensión con Nación

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El paro nacional de CTERA tuvo una adhesión dispar y se sintió con mayor fuerza en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno controló que las escuelas garantizaran el 75% del servicio educativo y advirtió que podría iniciar procesos sancionatorios ante incumplimientos.

El paro nacional docente convocado por CTERA tuvo una adhesión dispar este lunes, con mayor impacto en la provincia de Buenos Aires y una incidencia menor en la Ciudad de Buenos Aires. La medida coincidió con el regreso a clases después del receso invernal y generó una advertencia del Gobierno: habrá sanciones en los distritos donde no se haya garantizado el 75% de la prestación habitual del servicio educativo.

La protesta alcanzó a los niveles inicial, primario y secundario y fue convocada por CTERA en reclamo de una recomposición salarial, mayor financiamiento educativo y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

En la provincia de Buenos Aires, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) aseguraron que el acatamiento superó el 90%. El dato fue presentado por la secretaria general adjunta del gremio, Olga Ortigoza.

En Córdoba, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) informó una adhesión cercana al 75%, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la mayoría de las escuelas permanecieron abiertas y el impacto de la medida fue considerablemente menor.

La jornada de protesta se produjo al mismo tiempo que comenzó a aplicarse el nuevo esquema de servicios esenciales contemplado por la reforma laboral. El Gobierno desplegó controles para determinar si las instituciones educativas garantizaron el mínimo de funcionamiento establecido.

El Ministerio de Capital Humano inició inspecciones desde las 8.30 para verificar el cumplimiento del 75% de la prestación habitual. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, advirtió que los establecimientos que no hayan alcanzado ese porcentaje podrían quedar sujetos a un proceso para determinar eventuales sanciones.

“Si no se cumple el 75% de presentismo habrá un proceso para determinar sanciones”, sostuvo Cordero, aunque aclaró que el Gobierno no apunta directamente contra los docentes y que los sindicatos son responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa.

Se trata de una de las primeras aplicaciones del nuevo esquema de servicios esenciales en una protesta nacional de estas características. La disposición obliga a mantener un nivel mínimo de funcionamiento durante determinadas medidas de fuerza.

Los reclamos de los docentes

CTERA y los sindicatos que adhirieron al paro reclaman una recomposición urgente de los salarios y cuestionan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.

Entre sus principales demandas figura también la restitución del FONID y de otros fondos nacionales destinados al sistema educativo, además de un incremento del presupuesto para escuelas, programas educativos y comedores.

Los gremios reclaman además una nueva Ley de Financiamiento Educativo y rechazan el proyecto de Ley de Libertad Educativa. También cuestionan posibles modificaciones al sistema previsional y advierten sobre eventuales retrocesos en derechos laborales y jubilatorios.

La protesta tuvo especial impacto en establecimientos estatales y coincidió con el regreso a las aulas en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

En territorio bonaerense, sectores disidentes de SUTEBA y otros sindicatos plantearon la posibilidad de extender la protesta durante 48 horas, con continuidad durante este martes.

La jornada también estuvo atravesada por un paro nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que generó restricciones en el funcionamiento de distintas dependencias públicas nacionales y provinciales.

El conflicto docente quedó así planteado en dos frentes: los gremios reclaman una mejora salarial y mayor financiamiento para la educación, mientras el Gobierno busca garantizar el funcionamiento mínimo de las escuelas y advierte con iniciar procesos sancionatorios cuando no se cumpla el porcentaje establecido.

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