Paraguay: Peña desmintió su renuncia en medio de la crisis bancaria
El presidente paraguayo rechazó los rumores sobre una posible renuncia mientras crece la presión política por la crisis de Ueno Bank. Con 35 firmas para impulsar su juicio político, protestas de ahorristas y millones de clientes afectados, Santiago Peña enfrenta uno de los momentos más delicados de su gestión.
La Presidencia de Paraguay desmintió este miércoles 4 de noviembre los rumores sobre una posible renuncia del presidente Santiago Peña, en medio de la profunda crisis política y financiera desatada por la intervención de Ueno Bank. A través de un comunicado, el Gobierno aseguró que el mandatario continúa en funciones y descartó que fuera a brindar un mensaje desde la residencia oficial Mburuvicha Róga.
El pronunciamiento llegó después de una jornada marcada por las protestas de miles de ahorristas en Asunción y por la presentación de pedidos de juicio político contra Peña y el vicepresidente Pedro Alliana. La crisis bancaria dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas y abrió un frente de cuestionamientos sobre los vínculos del mandatario con el grupo empresarial propietario de la entidad.
Desde la Presidencia señalaron que Peña trabaja para encontrar soluciones para los afectados y recomendaron a la población consultar únicamente los canales oficiales para evitar la circulación de información falsa.
Reunión con legisladores y presión por el juicio político
En paralelo, el mandatario mantenía una reunión con aproximadamente 30 diputados oficialistas, de los 43 que integran su bancada, para definir una estrategia frente a las iniciativas opositoras que buscan desplazarlo del cargo.
Los pedidos de juicio político reunieron 35 firmas de legisladores contra Peña y otras 30 contra Alliana. La Cámara de Diputados tenía previsto tratar las acusaciones este jueves, en una sesión extraordinaria cuya realización dependía de alcanzar el quórum.
Para que el proceso avance hacia el Senado se necesitan 53 votos, equivalentes a los dos tercios de los integrantes de la Cámara baja.
Entre los argumentos presentados por los impulsores del juicio político figuran presuntos conflictos de intereses por la participación accionaria que Peña tuvo en Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay (BCP) y las colocaciones de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad financiera.
Los cuestionamientos también apuntan a posibles responsabilidades políticas del Gobierno en el manejo de la crisis y a las decisiones regulatorias que precedieron a la intervención.
La crisis de Ueno Bank y la devolución de los ahorros
El conflicto comenzó a profundizarse después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera el 3 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank.
La medida se tomó luego de detectar que el índice de solvencia de la entidad había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa. El organismo explicó que el procedimiento busca preservar los activos del banco y proteger a los depositantes.
La entidad tenía cerca de tres millones de clientes y administraba importantes fondos públicos, entre ellos recursos del sistema previsional paraguayo.
Ante la magnitud del problema, Peña anunció que impulsaría junto al Congreso una ley para acelerar la devolución de los depósitos y alcanzar al 98% de los clientes.
El proyecto avanzó durante el miércoles: el Senado lo sancionó por unanimidad y estableció un anticipo de la garantía de depósitos de hasta 40 salarios mínimos por ahorrista, con un plazo máximo de cinco días hábiles para concretar los pagos una vez que la norma entre en vigor.
Una crisis que amenaza la estabilidad del Gobierno
La crisis financiera también provocó consecuencias dentro del propio Banco Central. Las autoridades de la institución quedaron bajo presión por los controles realizados sobre Ueno Bank y por los vínculos de algunos de sus directivos con la entidad intervenida.
Mientras tanto, las movilizaciones de ahorristas continuaron en Asunción, con reclamos por la restitución de los depósitos y pedidos de explicaciones al Gobierno.
El escenario dejó a Peña frente a una doble presión: resolver el problema financiero que afecta a millones de paraguayos y enfrentar una ofensiva parlamentaria que busca avanzar con su destitución.
