Ordenan decomisar bienes de Cristina Kirchner y otros condenados en la causa Vialidad
El Tribunal Oral Federal 2 ordenó ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de todos los condenados en la causa Vialidad, tras el incumplimiento del pago solidario fijado por la Justicia. La medida alcanza 122 propiedades vinculadas a la maniobra investigada entre 2003 y 2015, valuadas en casi $685.000 millones.
Por Alejo Pombo
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ordenó ejecutar el decomiso de bienes de Cristina Fernández de Kirchner y de los demás condenados en la causa Vialidad. La decisión se produjo luego de que la condena dictada en diciembre de 2022 —y confirmada en junio pasado— quedara firme y ante el incumplimiento del pago solidario exigido por la Justicia.
La medida incluye 122 bienes inmuebles identificados por el Ministerio Público Fiscal como productos o instrumentos del delito, así como activos incorporados durante el período en que, según la sentencia, se desarrolló la maniobra fraudulenta entre 2003 y 2015.
Un patrimonio valuado en casi $685.000 millones
El monto original del decomiso había sido fijado en $84.835 millones, pero fue actualizado a $684.990 millones por peritos contadores, aplicando criterios validados por la Corte Suprema de Justicia. Ante la falta de pago por parte de los condenados, el tribunal ordenó avanzar con la realización, tasación y posterior venta de los bienes.
Entre los activos alcanzados figuran propiedades pertenecientes a Lázaro Báez y a empresas de su grupo, como Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto; además de hoteles, terrenos y departamentos ubicados en Santa Cruz, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se incluye un inmueble registrado a nombre de Cristina Kirchner y diversos bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia.
El tribunal rechazó los planteos de las defensas
En su resolución, los jueces rechazaron los argumentos de las defensas, que cuestionaban la falta de vínculo directo entre los bienes y los delitos, así como la existencia de resoluciones previas de sobreseimiento por enriquecimiento ilícito. El TOF 2 sostuvo que el decomiso no exige una trazabilidad contable exacta, sino una vinculación razonable con los beneficios obtenidos de la maniobra.
El fallo también fundamentó la decisión en tratados internacionales como la Convención de la ONU contra la Corrupción, que promueven la recuperación de activos como mecanismo central para combatir la impunidad económica.
Destino de los fondos y próximos pasos
El tribunal ordenó inscribir los bienes en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y notificará a la Corte Suprema para definir su eventual afectación al servicio de justicia. Además, instó a asegurar que los fondos recuperados se destinen a reparar el daño ocasionado, especialmente en Santa Cruz, donde la obra pública inconclusa generó un perjuicio significativo.
La advertencia previa del fiscal Diego Luciani
Días atrás, el fiscal Diego Luciani había anticipado su reclamo para avanzar con la ejecución del decomiso. “El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar”, sostuvo durante un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires.
Luciani, junto a su colega Sergio Mola, había solicitado al TOF 2 que procediera de manera inmediata tras el vencimiento del plazo de diez días hábiles para que los condenados abonaran solidariamente los $684.990 millones, equivalentes a unos 500 millones de dólares.
