Nuevo golpe judicial para Cristina: quedó firme el decomiso de su patrimonio
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso presentado por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme el decomiso de bienes dispuesto en la causa Vialidad. La medida alcanza activos valuados en $684.990.350.139 y representa un nuevo revés judicial para la exmandataria, condenada en el expediente por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.
La decisión fue adoptada por mayoría de los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, quienes consideraron que el planteo presentado por la defensa no reunía los requisitos necesarios para habilitar la instancia extraordinaria solicitada. El magistrado Mariano Borinsky votó en disidencia parcial.
En la resolución, los camaristas sostuvieron que el decomiso de los beneficios obtenidos mediante actividades ilícitas constituye una consecuencia prevista por la legislación penal y remarcaron que el delito no puede ser considerado una fuente legítima de generación de riqueza.
Además, señalaron que la defensa no logró demostrar la existencia de defectos graves en las resoluciones previas que justificaran revisar lo decidido por los tribunales inferiores. Según expresaron, la sentencia cuestionada cuenta con fundamentos jurídicos suficientes y se encuentra respaldada por las pruebas incorporadas al expediente.
La medida alcanza un total de 111 bienes y activos vinculados a la ex presidenta y a otros condenados en la causa. Entre ellos figuran inmuebles, terrenos, departamentos y propiedades ubicadas principalmente en las ciudades santacruceñas de El Calafate y Río Gallegos.
Dentro de los bienes incluidos en el decomiso aparecen terrenos adquiridos durante los años de expansión patrimonial de la familia Kirchner, algunos de ellos ubicados en zonas estratégicas de El Calafate. También forman parte del listado propiedades vinculadas a emprendimientos hoteleros y departamentos construidos por empresas ligadas al empresario Lázaro Báez.
La causa Vialidad investigó el direccionamiento de obras públicas nacionales en favor de empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas. En diciembre de 2022, Cristina Kirchner fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, sentencia que posteriormente fue ratificada por instancias superiores.
El decomiso constituye una de las consecuencias patrimoniales más relevantes derivadas de la causa y busca recuperar para el Estado los montos que la Justicia considera asociados al perjuicio económico generado por los hechos investigados.
Con esta resolución, la Cámara de Casación dejó firme uno de los aspectos centrales de la condena económica, mientras continúan los distintos planteos judiciales impulsados por las defensas en torno a la ejecución de la sentencia.
