El Ministerio de Capital Humano aplicó una multa récord de $21.241.500.000 al sindicato La Fraternidad por no acatar la conciliación obligatoria dictada en febrero, en el marco de un conflicto salarial.
La cartera conducida por Sandra Pettovello fundamentó la sanción en el incumplimiento de la orden que exigía retrotraer el conflicto y suspender medidas de fuerza, en línea con lo establecido por la normativa vigente.
Según el Gobierno, la decisión del gremio de adherir al paro general convocado por la CGT el 19 de febrero afectó la prestación normal de los servicios y generó un impacto directo en el interés público.
En ese sentido, sostuvieron que la medida interrumpió actividades consideradas esenciales y obstaculizó el funcionamiento general del sistema, en un contexto en el que se buscaba encauzar la negociación dentro de los canales institucionales.
La sanción se apoya en la Ley 14.786, que establece que tanto sindicatos como empleadores deben abstenerse de adoptar medidas mientras rige una conciliación obligatoria, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.
En paralelo, fuentes oficiales anticiparon que se evalúa aplicar una multa aún mayor, que podría rondar los $70.000 millones, contra la Unión Tranviarios Automotor por una situación similar vinculada al mismo paro.
Desde el gremio conducido por Roberto Fernández sostienen, sin embargo, que la conciliación obligatoria alcanzaba únicamente al conflicto salarial de los choferes del interior del país, y no a los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires.
La medida profundiza la tensión entre el Gobierno y los sindicatos, en un escenario donde las sanciones económicas aparecen como una herramienta central para reforzar el cumplimiento de las decisiones oficiales en medio de los conflictos laborales.
