Meloni avanza con un decreto que amplía las facultades policiales
El Gobierno de Giorgia Meloni aprobó nuevas sanciones para quienes cometan actos violentos durante manifestaciones, con penas de hasta cinco años de prisión y multas de 20.000 euros. El decreto también amplía las medidas preventivas sobre menores, contempla que sus padres respondan por determinados daños y suma 500 militares a la seguridad de Milán.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, anunció el martes 20 de octubre un nuevo decreto de seguridad que endurece las sanciones por hechos violentos durante manifestaciones, amplía las facultades policiales sobre adolescentes y establece mecanismos para reclamar el pago de daños. La medida, aprobada por el Consejo de Ministros, contempla penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta 20.000 euros.
El nuevo delito de participación violenta en manifestaciones públicas alcanza a quienes integren grupos de cinco o más personas y utilicen objetos peligrosos, como piedras, palos, petardos o explosivos, poniendo en riesgo la seguridad pública. Las penas previstas van de dos a cinco años de prisión y multas de entre 10.000 y 20.000 euros.
Las sanciones pueden aumentar cuando los participantes tengan el rostro cubierto, provoquen lesiones o cometan determinados actos de destrucción colectiva. El decreto también incorpora agravantes para delitos de devastación, saqueo y ataques contra instalaciones de servicios públicos.
“Hoy nace un nuevo delito: la participación violenta en una manifestación”, afirmó Meloni en un video difundido en redes sociales. La mandataria defendió las medidas con una advertencia: “Quien rompe paga y, si quien rompe es menor de edad, pagan sus padres”.
Nuevas facultades policiales y responsabilidad de los padres
El decreto extiende a adolescentes de entre 14 y 17 años la posibilidad de una retención preventiva cuando existan elementos que indiquen un riesgo asociado a hechos graves de violencia o disturbios. La aplicación de esta medida y sus condiciones deberán ajustarse a las disposiciones del nuevo marco legal.
El paquete también contempla cambios en el régimen de responsabilidad penal de los jóvenes de entre 14 y 18 años, al establecer una presunción de capacidad para comprender sus actos, sujeta a prueba en contrario.
En materia de daños materiales, el Gobierno habilitó mecanismos para reclamar compensaciones por destrozos en bienes públicos y privados. Cuando los responsables sean menores, sus padres podrán tener que afrontar los costos, según las condiciones previstas por la normativa.
Milán, en el centro de las medidas de seguridad
La decisión se produjo después de los disturbios registrados durante el fin de semana en Milán y otras ciudades italianas. Las manifestaciones derivaron en enfrentamientos con la Policía, saqueos y daños en comercios y espacios públicos.
Ante ese escenario, el Ejecutivo anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta el 31 de diciembre de 2026, con el objetivo de reforzar la vigilancia y apoyar las tareas de seguridad. Sin embargo, la versión final del decreto dejó afuera la posibilidad de otorgarles funciones específicas de policía judicial.
Las nuevas disposiciones generaron cuestionamientos de sectores opositores y voces críticas, que advierten sobre sus posibles consecuencias para las libertades civiles y el derecho a la protesta.
El decreto entró en vigor tras su aprobación por el Consejo de Ministros, aunque deberá seguir el procedimiento parlamentario para su conversión definitiva en ley.
