Malvinas: el Gobierno creó un nuevo sistema para coordinar toda la política exterior

El Gobierno nacional formalizó la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, un nuevo mecanismo que funcionará dentro de la Cancillería y tendrá como objetivo coordinar las actividades internacionales de los organismos del Estado que puedan afectar la política exterior argentina o los intereses del país, con especial atención al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La medida había sido anunciada el jueves por la Oficina del Presidente y quedó formalizada este viernes mediante el Decreto 983/2026, publicado en el Boletín Oficial. El sistema será coordinado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

De acuerdo con el decreto, la iniciativa busca implementar mecanismos de “información, coordinación y asesoramiento” sobre las actividades internacionales desarrolladas por las distintas jurisdicciones y organismos de la Administración Pública Nacional.

El objetivo es que esas actuaciones sean coherentes con los lineamientos generales de la política exterior definidos por el Poder Ejecutivo. El mecanismo abarcará, entre otras cuestiones, actividades que puedan tener consecuencias diplomáticas, institucionales, jurídicas o políticas para la Argentina o que involucren directa o indirectamente la cuestión Malvinas.

La nueva estructura no modifica la dependencia jerárquica ni administrativa de los organismos involucrados ni reemplaza las competencias que cada área tiene por ley. La Cancillería actuará como instancia de coordinación en materia de política exterior.

Uno de los puntos centrales de la norma establece que los organismos alcanzados deberán informar a la Cancillería sobre determinadas reuniones, comunicaciones, gestiones, negociaciones y actividades internacionales que involucren a otros Estados, organismos internacionales o sujetos de derecho internacional.

Entre ellas se incluyen aquellas que puedan implicar la fijación de posiciones oficiales de la Argentina, afectar negociaciones diplomáticas en curso, involucrar acuerdos o memorandos, generar consecuencias internacionales o comprometer los lineamientos de política exterior del Gobierno. También quedan expresamente comprendidas las cuestiones vinculadas con Malvinas y aquellas que puedan incidir sobre la soberanía argentina en el Atlántico Sur.

Además, cada organismo alcanzado deberá designar un enlace institucional que funcionará como canal de comunicación con la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores podrá, a partir de la información recibida, formular advertencias, recomendaciones u orientaciones cuando considere que una determinada actividad puede afectar la política exterior, las relaciones internacionales, negociaciones en curso o los intereses argentinos.

La propia norma aclara que esa intervención no implica que Cancillería pase a aprobar o autorizar las actividades de otros organismos ni que sustituya sus competencias específicas.

Una nueva etapa de la estrategia por Malvinas

La creación del sistema se suma a una serie de medidas que el Gobierno de Javier Milei viene impulsando para reforzar el reclamo argentino de soberanía sobre las islas y los espacios marítimos correspondientes.

Entre ellas se encuentra la reasignación de partidas presupuestarias para avanzar con proyectos vinculados a la defensa y a la infraestructura estratégica en Tierra del Fuego, incluida la Base Naval Integrada.

El Gobierno también avanzó contra empresas hidrocarburíferas que considera que realizan actividades no autorizadas en áreas del Atlántico Sur bajo disputa. En los últimos días se anunciaron denuncias penales contra firmas vinculadas con proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

A la vez, el Ejecutivo puso en marcha procedimientos administrativos contra 60 personas humanas y jurídicas por presuntos incumplimientos de la Ley 26.659. En este caso, se trata de procesos sancionatorios administrativos y no de 60 personas que hayan sido formalmente acusadas en causas penales.

La normativa también establece mecanismos para que los organismos estatales que detecten posibles incumplimientos legales informen a la Cancillería, con el objetivo de avanzar en las medidas que correspondan.

A esta estrategia se suma el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que el Gobierno prevé enviar al Congreso. La iniciativa busca ampliar las herramientas de sanción contra quienes desarrollen determinadas actividades vinculadas con los territorios y espacios marítimos reclamados por la Argentina y contempla además la creación de un Consejo de Seguridad Nacional.

El Gobierno sostiene que todas estas medidas forman parte de una estrategia destinada a darle mayor coordinación a las distintas áreas del Estado.

“La recuperación del ejercicio pleno de la soberanía” sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, plantea el decreto, requiere una acción estatal coordinada y coherente en los distintos ámbitos de las relaciones internacionales.

Con el nuevo sistema, la Cancillería tendrá así una herramienta formal para conocer y coordinar las gestiones internacionales de los organismos nacionales que puedan tener impacto sobre la política exterior y, particularmente, sobre la estrategia argentina en torno al reclamo de soberanía en el Atlántico Sur.