Ley de Glaciares: acusaciones de corrupción y una audiencia bajo fuego
Por Alejo Pombo
La primera audiencia pública por la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados se convirtió en un escenario de máxima tensión política, con acusaciones de corrupción, interrupciones, micrófonos silenciados y fuertes cuestionamientos al modo en que el oficialismo organizó el debate.
Desde el inicio, distintos bloques de la oposición denunciaron que el proceso estuvo condicionado. Señalaron que se limitó la participación de manera “arbitraria” y que no existían garantías para una discusión abierta. El dato que sobrevoló toda la jornada fue contundente: más de 100.000 personas se habían inscripto para exponer, pero solo una fracción mínima logró hacerlo.
Uno de los momentos más explosivos lo protagonizó Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Durante su intervención, anunció que presentará una denuncia penal contra Flavia Royón por presunta incompatibilidad en la función pública.
Según Viale, la senadora salteña votó a favor de la reforma mientras mantiene vínculos profesionales con el sector minero. “No representa a Salta, representa a las mineras”, lanzó, y aseguró que su consultora asesora a la multinacional Río Tinto, una de las empresas que podría beneficiarse con los cambios propuestos. Además, habló de la posible existencia de cohecho y amplió sus críticas a legisladores presentes, insinuando vínculos entre la política y proveedores del sector.
El clima se volvió aún más tenso cuando tomó la palabra la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. En plena exposición crítica contra el proyecto, su micrófono fue interrumpido tras vincular el avance de la iniciativa con el escenario político y judicial. El corte desató indignación entre los presentes y reforzó las denuncias de censura.
En paralelo, el diputado del Frente de Izquierda Nicolás del Caño cuestionó con dureza tanto el contenido del proyecto como la organización de la audiencia. Denunció que el 99,9% de los inscriptos quedó afuera y acusó al oficialismo de evitar deliberadamente escuchar voces críticas. “No quieren escuchar a nadie”, lanzó en medio de gritos y cruces con el presidente de la Comisión de Recursos Naturales, José Peluc.
Desde la conducción del debate intentaron bajar la tensión con ironía. Peluc reconoció la masiva inscripción como un “éxito”, lo que generó una respuesta inmediata desde las bancas opositoras: “¿Y por qué está el salón vacío?”.
La audiencia, que debía ser una instancia técnica y participativa, terminó convertida en un campo de batalla político. En el centro de la discusión quedó no solo el futuro de la Ley de Glaciares, sino también las sospechas sobre la influencia de intereses económicos en el Congreso y los límites del debate democrático en temas sensibles como el ambiente y la explotación de recursos naturales.
