La pesadilla de la familia del piloto Felipe García tras el asalto en Chile, del robo al secuestro virtual
La familia del piloto Juan Felipe García sufrió una traumática extorsión virtual tras viralizar el robo de su camioneta y equipo de competición en Chile. Delincuentes —presuntamente operando desde cárceles argentinas— hackearon los teléfonos de las víctimas y simularon voces mediante tecnología para exigir rescates millonarios.
Por Alejo Pombo
VILLA MERCEDES. – El drama de la familia del piloto Juan Felipe García escaló de manera siniestra en las últimas horas. Tras sufrir el robo de su camioneta Toyota Hiace y su moto de competición en Santiago de Chile, la familia —radicada en Villa Mercedes— se convirtió en blanco de una banda de estafadores que, mediante un secuestro virtual, logró alzarse con una suma millonaria.
La estafa comenzó cuando la noticia del robo en Chile se viralizó. Delincuentes, posiblemente operando desde un penal argentino, hackearon los dispositivos de María Grazia Martín (madre del piloto) y su hija, dejándolas incomunicadas. Acto seguido, iniciaron una serie de llamadas extorsivas asegurando tener secuestrados a Diego García (padre) y a Felipe en el furgón robado.
Ingeniería social y manipulación de voz La sofisticación del ataque fue tal que los delincuentes lograron simular la voz de Diego García. «Tanto mi hija como yo escuchamos que era él; nos pedía que entregáramos la plata», relató Martín ante la fiscalía. Bajo la amenaza de torturar a los supuestos cautivos con las herramientas de competición que estaban en la camioneta, las mujeres realizaron transferencias sucesivas que escalaron desde uno hasta seis millones de pesos hacia cuentas de Naranja X y Brubank.
La pesadilla, que se extendió por 90 minutos, terminó recién cuando las víctimas pudieron recuperar el control de sus contraseñas y comunicarse con Chile, confirmando que padre e hijo estaban a salvo. Mientras tanto, en Santiago, la camioneta apareció abandonada y vacía en el centro de la ciudad.
La pista del dinero El fiscal Maximiliano Bazla caratuló la causa como «secuestro extorsivo virtual seguido de estafa». Las primeras líneas de investigación apuntan a los titulares de las cuentas receptoras del dinero, quienes serían jóvenes captados por las bandas carcelarias para actuar como «mulas» bancarias. La Justicia intenta ahora rastrear el origen de las llamadas, que utilizaron chips colombianos pero modismos locales, una marca típica de las organizaciones delictivas que operan desde centros penitenciarios.
