La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario y le dio cinco días

El juez federal Martín Cormick intimó al Poder Ejecutivo a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar disposiciones de la Ley de Financiamiento Universitario. El magistrado advirtió que, si persiste el incumplimiento, podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 a partir de un planteo realizado por las partes demandantes, entre ellas el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Cormick consideró que el Estado no acreditó un cumplimiento total de la medida cautelar que había dictado anteriormente y que actualmente se encuentra firme.

Por ese motivo, el magistrado ordenó al Estado Nacional que dé “efectivo cumplimiento” a lo dispuesto en la cautelar dentro del plazo establecido y dejó expresamente asentada la posibilidad de aplicar sanciones económicas ante una eventual demora.

La medida judicial se refiere particularmente a los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales y la recomposición de las becas y programas de asistencia destinados a estudiantes.

El conflicto judicial comenzó después de que el Gobierno promulgara la Ley de Financiamiento Universitario pero suspendiera su aplicación. La Justicia ordenó posteriormente avanzar con su cumplimiento mediante una medida cautelar dictada por Cormick en diciembre de 2025.

La cautelar fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y, en junio de este año, la Corte Suprema rechazó el recurso presentado por el Estado, por lo que la medida quedó firme. El Gobierno había intentado posteriormente que Cormick levantara la cautelar, pero el juez rechazó ese planteo el 1° de septiembre y mantuvo vigente la obligación.

En paralelo, el conflicto se trasladó nuevamente a la discusión salarial. Las universidades y los gremios del sector sostienen que existe un atraso acumulado del 31,2% en los haberes, mientras que en las últimas negociaciones el Gobierno ofreció un aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre, propuesta que fue rechazada por las organizaciones sindicales.

El Ejecutivo, en tanto, sostiene que los acuerdos alcanzados durante el año contemplaron parte de las obligaciones previstas en la normativa. En una presentación anterior, el Gobierno había mencionado un acuerdo salarial de junio que incluyó una recomposición del 24,33%, además de incrementos para gastos operativos y becas. Sin embargo, Cormick consideró que esos elementos no demostraban el cumplimiento integral de la cautelar.

La disputa derivó en nuevas medidas de fuerza en distintas universidades nacionales. En la Universidad de Buenos Aires (UBA) se realizaron paros y actividades de protesta durante septiembre, mientras que los gremios universitarios anunciaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La movilización tendrá como uno de sus puntos centrales el reclamo por la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

La nueva intimación judicial agrega ahora un plazo concreto al conflicto: el Gobierno tendrá cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. En caso contrario, el juez Cormick podrá avanzar con las multas previstas en la resolución.