La CGT recusó a los jueces que restituyeron la reforma laboral y pidió nulidad del fallo
La Confederación General del Trabajo presentó este lunes ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo una recusación contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, de la Sala VIII, y solicitó la nulidad absoluta del fallo del 23 de abril que restableció la plena vigencia de los artículos de la reforma laboral que habían sido suspendidos por una medida cautelar. La presentación, firmada por el abogado Pablo Topet, calificó la situación como un cuadro que «avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo.»
El eje más explosivo del escrito apunta al juez Pesino. La CGT sostiene que su intervención estuvo «viciada por haber recibido un beneficio de importancia por el Estado Nacional»: el mismo día en que firmó el fallo favorable al Gobierno, el Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el inicio del trámite para extender su permanencia en el cargo por cinco años, antes de que cumpliera el límite constitucional de 75 años. «La situación no solo constituye una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento», señala el texto, que denuncia una posible «asociación de beneficios mutuos» entre el magistrado y el Poder Ejecutivo.
Respecto de la vocal González, la CGT la acusa junto a Pesino de haber «prejuzgado» sobre el fondo del asunto al resolver la cautelar antes de que el expediente llegara formalmente a su conocimiento, y de haberlo hecho «sin correr traslado» a la parte actora, lo que vulneró el derecho de defensa.
La central obrera también cuestionó la competencia del tribunal. Argumentó que la causa debía tramitar ante otra sala por aplicación del principio de prevención, y que la Sala VIII carecía de atribuciones para intervenir. «El acto es nulo de nulidad absoluta», sostuvo el escrito.
Sobre el fondo del fallo, la CGT rechazó que el efecto suspensivo concedido a la apelación del Estado haya resultado procedente. «Nos cuesta imaginar por qué razón estos jueces consideran que los trabajadores no son socialmente vulnerables», señala la presentación, que advierte que el criterio adoptado haría «desaparecer la justicia cautelar» al permitir que cualquier apelación congele automáticamente una medida de protección urgente.
La central dejó planteado el caso federal para recurrir a la Corte Suprema y anticipó presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en lo que representa una escalada jurídica sin precedentes en el conflicto por la reforma laboral.
