La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Diego Spagnuolo y otros 18 acusados por la causa ANDIS
La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del extitular de la ANDIS Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados. La causa investiga presuntos direccionamientos de compras, sobreprecios y pagos indebidos en contrataciones del organismo. Los camaristas también rechazaron planteos de nulidad vinculados con los audios atribuidos al exfuncionario.

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó este martes el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo y de otros 18 imputados en la causa que investiga presuntas irregularidades en las contrataciones realizadas por el organismo. La resolución fue firmada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, quienes avalaron en términos generales la investigación impulsada por el fiscal federal Franco Picardi y los procesamientos dictados en primera instancia por el entonces juez Sebastián Casanello.
Spagnuolo quedó procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y cohecho pasivo. Además, la Justicia le atribuye el rol de jefe de una presunta asociación ilícita que habría operado dentro del organismo.
Entre los otros procesados aparecen el exfuncionario de la ANDIS Daniel Garbellini y el empresario Miguel Ángel Calvete. La Cámara sostuvo que, en esta etapa de la investigación, existen elementos suficientes para sostener la hipótesis de una estructura coordinada entre funcionarios públicos y particulares.
Según la investigación, el mecanismo bajo análisis habría incluido el direccionamiento de contrataciones hacia determinadas empresas, la selección irregular de proveedores, la simulación de competencia y la realización de operaciones con presuntos sobreprecios. También se investigan posibles pagos indebidos a funcionarios a cambio de facilitar o garantizar determinadas contrataciones.
La acusación judicial calculó en $30.337.220.919,77 el perjuicio económico vinculado con las maniobras investigadas. La cifra corresponde a las operaciones analizadas por la Justicia y está relacionada con el presunto direccionamiento de compras, los sobreprecios y los beneficios que habrían obtenido determinados proveedores. El período bajo investigación comprende operaciones realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
En su resolución, los camaristas hicieron referencia a elementos que, según la acusación, mostrarían una forma irregular de incorporación de proveedores a las licitaciones y una selección de empresas que habría permitido generar una competencia aparente. La Fiscalía sostiene que esas maniobras permitían beneficiar a determinados prestadores y generar mayores costos para el Estado.
La Cámara también rechazó planteos de algunas defensas que buscaban cuestionar la validez de la investigación a partir del origen de los audios atribuidos a Spagnuolo, cuya difusión pública había dado impulso inicial al expediente. Las grabaciones continúan bajo análisis pericial de la Gendarmería Nacional para determinar su origen, autenticidad y si fueron objeto de cortes o modificaciones.
Los camaristas consideraron además que la causa cuenta con otros elementos de prueba, entre ellos documentación relacionada con las contrataciones, allanamientos y análisis de dispositivos electrónicos secuestrados. De esta manera, la investigación no quedó limitada a las grabaciones cuestionadas por las defensas.
Con la decisión de la Sala II, los 19 procesamientos continúan vigentes y el expediente seguirá avanzando en la Justicia Federal. La medida no implica una condena: los acusados conservan sus derechos de defensa y la investigación deberá continuar antes de que se determine si corresponde avanzar hacia una eventual etapa de juicio oral.
