La AFA sale del control de la IGJ tras un fallo clave

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil falló a favor de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la disputa que mantenía con la Inspección General de Justicia (IGJ) y confirmó la validez del traslado de su sede social a Pilar. La resolución dejó sin efecto la designación de veedores impulsada por el organismo nacional y ratificó que la fiscalización de la entidad quedará bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de Buenos Aires.

El fallo representa un nuevo respaldo judicial para la conducción encabezada por Claudio Tapia en medio de las tensiones que la AFA mantiene desde hace meses con sectores del Gobierno nacional por cuestiones vinculadas al control institucional y al modelo de organización del fútbol argentino.

La controversia se originó luego de que la IGJ cuestionara el cambio de domicilio aprobado por la Asamblea de la AFA durante 2024 y dispusiera la designación de veedores por presuntas irregularidades administrativas. La entidad deportiva rechazó la medida y la calificó como una intervención indebida que respondía a intereses ajenos a los objetivos de control establecidos por la ley.

Al analizar el caso, la Cámara consideró válido el traslado de la sede social a Pilar y sostuvo que, una vez concretada la inscripción en la provincia de Buenos Aires, la competencia para ejercer el control de legalidad y las facultades de fiscalización pasó a corresponder exclusivamente a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas.

En ese marco, los jueces declararon la nulidad de la Resolución Particular 140/26 emitida por la IGJ el 18 de febrero de 2026 y dispusieron la cancelación de la inscripción de la AFA en el Registro Público dependiente del organismo nacional.

La sentencia remarcó que la autoridad bonaerense había aprobado formalmente el cambio de jurisdicción y que dicho acto administrativo mantiene plena validez mientras no sea impugnado por los mecanismos legales correspondientes. Por esa razón, entendió que la IGJ no podía revisar ni desconocer una decisión adoptada por otro organismo con competencia específica en la materia.

Los magistrados señalaron además que la Inspección General de Justicia carece de facultades para ejercer un control revisor sobre resoluciones emitidas por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. Según el fallo, admitir esa posibilidad implicaría colocar a un organismo administrativo por encima de otro de igual jerarquía dentro de sus respectivas competencias.

Con esta decisión, la Cámara consolidó el cambio de jurisdicción de la AFA hacia la provincia de Buenos Aires y dejó sin efecto la veeduría que había sido ordenada por la IGJ. De esta manera, la entidad rectora del fútbol argentino continuará siendo fiscalizada por el organismo bonaerense con sede en La Plata.

El fallo también tiene impacto institucional porque fortalece la posición de la conducción de Tapia en una disputa que trascendió el plano administrativo y se convirtió en uno de los principales focos de conflicto entre la AFA y el Gobierno nacional durante el último año.