Por Ale Pombo
Francia se veía paralizada por la segunda huelga nacional en contra de la reforma previsional que impulsa el Gobierno de Emmanuel Macron.
Los sindicatos se esperanzan con que la movilización en las calles se, de mínima, igual a los dos millones de manifestantes que habían salido a protestar el pasado 19 de enero: el objetivo es mostrar el rechazo popular al principal proyecto del Poder Ejecutivo galo.
Ante la convocatoria, las autoridades desplegaron cerca de 11 mil agentes por todo el país ante el temor de que grupos violentos puedan generar disturbios.
«Si la Primera Ministra (Élisabeth Borne) no ha escuchado el mensaje, hoy se lo diremos más alto, más fuerte y más numeroso», advirtió el secretario general de la Confédération Général du Travail (CGT), Philippe Martinez, en alusión a las 250 concentraciones y marchas convocadas.
El transporte es uno de los principales sectores en adherir a las protestas, tanto en el metro, como en los trenes de cercanías RER, los regionales e interurbanos. En cuanto al tránsit aéreo, la medida de fuerza de los controladores aeronáuticos obligó a cancelar un 20% de los vuelos con salida o destino en el aeropuerto parisino de Orly.
En Nîmes, al sur de Francia, manifestantes bloquearon las entradas a la cárcel local, por lo que se vio imposibilitada la extracción de presos, informaron medios galos.
Los estudiantes también se manifestaron en algunas ciudades, y los sindicatos de profesores han previsto un 50% de huelgas entre los docentes, desde preescolar hasta bachillerato.
Los sindicatos pretenden con esta jornada de movilizaciones obligar al Gobierno francés a retirar su reforma, que prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años y adelantar a 2027 el alargamiento a 43 años (42 actualmente) del periodo de cotización necesario para cobrar una pensión completa.
A pesar de la presión y las protestas, la primera ministra, Élisabeth Borne, dejó claro el pasado domingo en una entrevista que las dos medidas estrella de la reforma «no son negociables».
El texto comenzó a estudiarse este lunes en comisión en la Asamblea Nacional, donde los partidos de izquierda y la ultraderecha se oponen, aunque el bloque gubernamental espera recibir el necesario apoyo de los conservadores para aprobarlo.
