Por Gabriel Rodriguez
La denuncia investigada por la justicia de Morón contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, lleva el título “Relación Espinoza –Orsingher –Salazar”.
A mediados de mayo, Espinoza fue procesado por abuso sexual simple y por entorpecer la justicia violando una orden de restricción. Mientras esta investigación sigue su curso, otra denuncia, impulsada por Elisa Carrió en 2017, amenaza con resurgir.
En 2017, durante los gobiernos de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri a nivel nacional, Carrió, una aliada clave de Cambiemos, presentó documentación que incluía escuchas legales a la cúpula de la policía de La Matanza, vinculando a Espinoza.
En aquel momento, los llamados «barones del conurbano» aún eran intocables, y la denuncia de Carrió pasó desapercibida entre otros escándalos como la ruta del dinero K y la detención del vicepresidente Amado Boudou.
Espinoza logró eclipsar una grave denuncia de Carrió por “posible asociación ilícita, usurpación de autoridad, violación de deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito”. La denuncia sostenía que existía un sistema de recaudación ilegal utilizando recursos y atribuciones de los funcionarios municipales, reportando directamente al intendente.
Los negocios ilegales llegaban hasta el crimen organizado, reminiscentes de la película «Tropa de Elite», que muestra la corrupción de la policía brasileña y sus vínculos con el poder político.
La denuncia presentada por Carrió incluía escuchas legales y testimonios internos de la organización criminal. En el Juzgado Criminal y Correccional Nº3 de Morón, sorprendía la cantidad de información recopilada, implicando al secretario de protección ciudadana de La Matanza, Carlos Orsingher, al comisario Daniel Barraza, al jefe de la policía departamental Enrique Sobrero, y al supuesto cabecilla: Fernando Espinoza.
“Nunca antes tuvimos tantas amenazas, la causa quemaba”, recuerda una abogada que acompañó a Carrió en la denuncia. “Todo quedó en la nada, no tuvimos respaldo político para que la causa continuase”, explicó una fuente en off the record.
El punto central de la denuncia, titulado “Relación Espinoza –Orsingher –Salazar”, afirmaba que un testigo de identidad reservada había declarado que Salazar manejaba la asignación de horas adicionales en La Matanza.
En febrero de 2016, se produjo un secuestro extorsivo realizado por seis delincuentes que usaron un móvil oficial de la policía local. La víctima, vinculada al tráfico de drogas, se negó a pagar una coima a la policía de La Matanza. Mario Mauricio Puñales, un civil que realizaba tareas para la policía local, declaró judicialmente tener acceso libre a la Municipalidad. Otro testigo afirmó que los policías investigados organizaban “grupos de tareas” para interrumpir reuniones opositoras y de vecinos que denunciaban la falta de seguridad.
Carrió también exigía investigar el patrimonio de Fernando Espinoza, mencionando 56 cajas de ahorro en diversos bancos. Antes de dedicarse a la política, Espinoza había sido remisero y vendió su agencia a comienzos del siglo a Daniel Humberto Carrizo.
La causa judicial actual en la que Espinoza está procesado podría reabrir viejas investigaciones sobre su patrimonio, sus vínculos con la “maldita policía bonaerense” y con el crimen organizado.
