4 octubre, 2024

Empresa multada con $2 millones por demorar en cumplir embargo salarial

Una empresa agropecuaria fue multada con más de $2 millones por demorar casi seis años en cumplir con un embargo salarial ordenado en un juicio de filiación. El juicio fue iniciado por la madre de un niño, quien demandó al padre por no reconocerlo. La empresa fue sancionada tras repetidos incumplimientos de la orden judicial.

Por Alejo Pombo

Una empresa del sector agropecuario fue multada con más de $2 millones por no cumplir con una orden judicial que disponía el embargo del salario de uno de sus empleados, involucrado en un juicio de filiación. La causa, que comenzó en 2016, surgió cuando la madre de un niño inició el juicio para que el hombre, de 39 años, reconociera a su hijo biológico. El proceso concluyó con la determinación de paternidad y una condena al padre por $20.000 en concepto de indemnización por daño moral, la cual nunca fue abonada.

El Juzgado de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 2, a cargo de la jueza Viviana Elizabeth Oste, dictó un embargo sobre los haberes del padre, medida que fue notificada a la empresa donde trabaja. Sin embargo, la firma tardó casi seis años en cumplir con el embargo y no respondió a varios oficios judiciales enviados desde 2018.

“La empresa fue multada debido a la demora en hacer efectiva la orden judicial, lo que motivó la aplicación de una sanción ejemplificadora para corregir la situación en este expediente y para casos similares”, explicó Tamara Salinas, secretaria de la Oficina de Gestión Unificada de Familia.

En marzo de 2023, se impuso una multa diaria de $27.974,98 por cada día de incumplimiento, suma que ascendió a más de $2 millones después de 80 días sin cumplir con la medida. Finalmente, en abril de 2024, la empresa depositó el monto adeudado tras una intimación de pago.

El abogado de la madre, Marcelo Otamendi, celebró la decisión judicial, señalando que «el Código Procesal de Familia se está implementando y cumpliendo», lo que marca una evolución en la legislación provincial y deja claro que los incumplimientos judiciales no serán tolerados.