Embargaron el departamento donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria
La Justicia ordenó nuevos embargos sobre propiedades y activos vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos y otros condenados en la causa Vialidad. La medida incluye el departamento de San José 1111 y bienes en Puerto Madero y Santa Cruz. El objetivo es garantizar el decomiso fijado en casi $685.000 millones.
El Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó este miércoles nuevos embargos preventivos sobre bienes vinculados a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia y otros condenados en la causa Vialidad. La medida alcanza al departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria, además de propiedades en Puerto Madero, Santa Cruz y vehículos.
La decisión fue tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, a partir de los pedidos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
El objetivo es preservar los bienes para garantizar el cumplimiento del decomiso establecido en la condena de Vialidad. El monto actualizado asciende a $684.990.350.139,86, es decir, casi $685.000 millones.
El tribunal aclaró que se trata de una medida cautelar destinada a evitar que los activos sean transferidos o gravados mientras avanza el proceso de ejecución del decomiso. No implica por sí misma un remate inmediato de las propiedades.
Entre los inmuebles alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
También quedaron incluidos un dúplex, un departamento, siete cocheras y una baulera ubicados en el complejo Madero Center, en Puerto Madero. En Santa Cruz, el listado comprende el Hotel La Aldea del Chaltén, cuatro propiedades en El Calafate y otras cuatro en Río Gallegos.
El tribunal extendió además la medida sobre bienes vinculados con las sociedades Los Sauces y Hotesur. Los jueces señalaron que, según lo establecido en la sentencia de Vialidad, el dinero de la maniobra investigada produjo beneficios económicos directos para Lázaro Báez y beneficios indirectos para la familia Kirchner.
En ese sentido, la resolución sostiene que existió una conexión económica entre Báez y la familia Kirchner a través de distintos negocios, entre ellos operaciones vinculadas con hoteles y emprendimientos inmobiliarios.
Los embargos también alcanzaron inmuebles de empresas relacionadas con Báez. Entre ellos figuran propiedades de Kank y Costilla y de Loscalzo y Del Curto, además de otro inmueble en Santa Cruz que se encuentra sujeto a un trámite sucesorio.
La Justicia dispuso, además, renovar embargos sobre nueve vehículos vinculados con Cristina Kirchner, Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas José López. Entre los vehículos mencionados hay camionetas y automóviles de alta gama y un Torino GS.
El tribunal también requirió información al Banco Galicia sobre una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner.
La entidad deberá responder en un plazo de 24 horas. Los jueces señalaron que existieron incumplimientos anteriores frente a pedidos de información y advirtieron que, en caso de no responder, se aplicarán las medidas previstas por la ley.
La nueva medida se produce mientras continúa la ejecución patrimonial de la condena de Vialidad. El decomiso había quedado firme junto con la sentencia contra Cristina Kirchner y otros condenados, y el tribunal avanzó luego en la identificación de bienes que podrían utilizarse para recuperar el monto fijado.
Según la resolución judicial, ya habían sido identificados 111 bienes para ser tasados y eventualmente rematados con el objetivo de cubrir, al menos parcialmente, los casi $685.000 millones establecidos como decomiso. Los nuevos embargos buscan preservar otro conjunto de activos mientras se define su situación definitiva.
