El Gobierno retirará toda la reforma de Competitividad Financiera
La polémica por el intento de gravar determinadas operaciones con CEDEARs derivó en una decisión más amplia: el Gobierno retirará los 240 artículos de la reforma financiera. La iniciativa será revisada antes de un eventual nuevo envío al Congreso.
El Gobierno nacional resolvió retirar por completo de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Competitividad Financiera, una iniciativa de 240 artículos que proponía modificar las reglas del crédito, el mercado de capitales y el sistema de garantías. La decisión se conoció este miércoles 4 de noviembre, luego de la polémica generada por un apartado que buscaba eliminar la exención del impuesto a las Ganancias para determinadas operaciones con CEDEARs.
La iniciativa había ingresado al Congreso el lunes 2 de noviembre con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Luis Caputo, Federico Sturzenegger y Alejandra Monteoliva.
Inicialmente, el Ministerio de Economía había anunciado que solamente retiraría el artículo referido a los certificados de depósito argentinos. Sin embargo, posteriormente, desde la Casa Rosada y el bloque oficialista confirmaron que se revisará la totalidad del proyecto antes de volver a impulsarlo en el ámbito legislativo.
El apartado que generó controversia proponía que las ganancias obtenidas mediante la compraventa de determinados CEDEARs quedaran alcanzadas por el impuesto a las Ganancias. La modificación buscaba aplicar un criterio de transparencia fiscal para que estos instrumentos recibieran el mismo tratamiento tributario que los activos extranjeros que representan.
Los CEDEARs son certificados que se negocian en el mercado argentino y permiten invertir en acciones y otros activos del exterior sin necesidad de abrir una cuenta en otro país. Actualmente, las personas físicas cuentan con una exención de Ganancias sobre los resultados de su compraventa, bajo las condiciones previstas por la legislación vigente.
La propuesta contemplaba aplicar una alícuota del 15% a determinadas operaciones con certificados adquiridos desde el 31 de octubre de 2026, siempre que el Congreso aprobara la modificación.
Ante los cuestionamientos de especialistas tributarios y operadores del mercado, Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y asesor del ministro Luis Caputo, había anticipado que el apartado sería eliminado. En su cuenta de X sostuvo que la disposición había quedado incorporada desde un borrador anterior.
Qué cambios proponía la reforma financiera
Más allá de la discusión impositiva, el proyecto contemplaba una modificación amplia de las normas que regulan el sistema financiero argentino.
Uno de sus principales ejes era incorporar el principio de neutralidad tecnológica, que permitiría emitir, registrar y negociar títulos mediante soportes digitales y tecnologías de registros distribuidos, como blockchain. También habilitaba la tokenización de acciones, obligaciones negociables y cuotapartes de fondos comunes de inversión.
La iniciativa proponía ampliar los bienes que pueden utilizarse como garantía para acceder a créditos. Entre ellos figuraban activos virtuales, derechos de propiedad intelectual, inventarios, acciones, participaciones societarias e ingresos futuros.
Además, contemplaba la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías para centralizar la información sobre esos instrumentos y establecer prioridades entre acreedores.
Otro de los cambios alcanzaba a los plazos fijos de 365 días o más, cuyos certificados podrían negociarse en mercados regulados antes de su vencimiento. Para las pequeñas y medianas empresas, el texto proponía extender de 15 a 21 días el plazo de aceptación automática de las facturas de crédito electrónicas.
Con la decisión de retirar el proyecto completo, todas estas modificaciones quedaron sin avanzar en el trámite parlamentario previsto. El Gobierno deberá revisar el articulado y definir si presenta una nueva versión de la reforma.
