El Gobierno elimina acceso por influencia a empleos públicos: Final a los “privilegios heredados”
Con el Decreto 959/2024, el Gobierno Nacional prohíbe el ingreso a empleos públicos por vínculos familiares o políticos, garantizando procesos de selección abiertos y basados en mérito. La medida incluye comités independientes de evaluación y sanciones para quienes infrinjan la normativa, buscando más transparencia en el acceso al Sector Público Nacional.
Por Alejo Pombo
El Gobierno Nacional aprobó el Decreto 959/2024, con el cual se eliminan los “privilegios heredados” en el acceso a empleos públicos, prohibiendo explícitamente las designaciones basadas en parentescos, afinidad política o influencia. Esta nueva normativa, anunciada por el Poder Ejecutivo, busca garantizar que las contrataciones en el Sector Público Nacional se realicen de manera transparente, priorizando el mérito y la competencia de los candidatos.
El decreto establece que todas las oportunidades laborales en el sector público deben ser accesibles al público en general mediante concursos abiertos, con requisitos específicos para cada puesto. Para asegurar la imparcialidad, se crearán comités de evaluación independientes, los cuales supervisarán cada proceso de selección y emitirán informes públicos, reforzando la transparencia.
Detalles del Decreto 959/2024
La normativa incluye varios puntos clave para asegurar un proceso de selección justo y equitativo en los empleos estatales:
- Restricción de Prácticas Hereditarias: Se prohíben los accesos a cargos públicos basados en vínculos familiares o afinidad con personas en puestos de influencia. Este punto clave incluye auditorías internas para garantizar que las contrataciones se rijan por mérito y competencias comprobadas.
- Concursos Abiertos y Públicos: Cada proceso de selección deberá estar disponible al público, detallando previamente los requisitos del cargo, evitando favoritismos y brindando igualdad de oportunidades a todos los postulantes.
- Comités de Evaluación Independientes: El decreto dispone que los comités de selección estén integrados por miembros imparciales que supervisarán los concursos. Cada comité tendrá la responsabilidad de elaborar un informe público de los procesos de selección para asegurar la transparencia.
- Sanciones por Irregularidades: La normativa introduce un régimen de sanciones para los funcionarios que violen el decreto. Las penalizaciones incluyen desde suspensiones hasta la destitución de los responsables en casos de nepotismo comprobado o favoritismo.
- Supervisión y Auditoría: La Oficina Anticorrupción se encargará de realizar auditorías periódicas para evaluar la transparencia de los procesos de selección y asegurar que no haya interferencias indebidas.
El Gobierno considera que este cambio es fundamental para evitar prácticas de favoritismo y asegurar que los puestos en el sector público se basen exclusivamente en la idoneidad de los candidatos. Con esta medida, se refuerza el compromiso hacia una administración pública más justa, equitativa y transparente en sus prácticas de selección de personal.
