El Gobierno denunciará penalmente a cinco empresas por la explotación de hidrocarburos en Malvinas
El Gobierno de Javier Milei anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basará en presuntas infracciones a la Ley 26.659 y también alcanzará a directivos y representantes que pudieran haber participado. Además, Milei ordenó priorizar en el Presupuesto 2027 la Base Naval Integrada y otros proyectos de seguridad nacional.
El Gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una nueva escalada de la disputa por los recursos naturales del archipiélago.
La presentación se basará en presuntas infracciones a la Ley 26.659, la normativa argentina que establece sanciones para quienes desarrollen actividades vinculadas con hidrocarburos en la zona sin contar con la autorización correspondiente de la Argentina.
Según informó la Oficina del Presidente, la denuncia será presentada por el canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Las empresas alcanzadas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.
Qué cuestiona el Gobierno
De acuerdo con el planteo oficial, tres de las compañías —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían obtenido permisos otorgados por el Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área de las Islas Malvinas.
Para la Casa Rosada, esas autorizaciones entran en conflicto con la legislación argentina y constituyen una presunta vulneración de las normas que protegen los recursos naturales ubicados en torno al archipiélago.
La denuncia no estaría dirigida únicamente contra las sociedades. El Gobierno adelantó que también alcanzará a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que eventualmente hayan participado de los hechos denunciados.
La Casa Rosada sostuvo que la medida tiene como objetivo “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
La presentación, de todos modos, se encuadra en una investigación sobre presuntas infracciones: será la Justicia la que deberá determinar si existieron delitos y, eventualmente, responsabilidades individuales.
El proyecto Sea Lion, en el centro de la disputa
El anuncio se conoció pocos días después de la cadena nacional de Milei, en la que el Presidente ratificó el reclamo argentino sobre las Malvinas y cuestionó el avance de Sea Lion, uno de los principales proyectos de explotación hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte.
El yacimiento es desarrollado por Navitas Petroleum, que posee una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35%.
La posición argentina frente al proyecto ya había sido expresada por la Cancillería en diciembre pasado, cuando rechazó la decisión final de inversión y calificó a las compañías involucradas como “licenciatarias ilegítimas”.
Con la nueva denuncia penal, el Gobierno busca trasladar el conflicto también al terreno judicial y hacer valer la legislación argentina frente a las actividades hidrocarburíferas que considera realizadas sin autorización nacional.
Base Naval Integrada: la otra decisión de Milei
La ofensiva judicial estará acompañada por una decisión vinculada con la política de defensa.
Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada, además de otros proyectos relacionados con la seguridad nacional.
El proyecto de Presupuesto deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre, de acuerdo con el cronograma establecido.
De esta manera, el Gobierno busca combinar dos frentes: por un lado, una estrategia judicial contra empresas vinculadas con la explotación de hidrocarburos en el área de Malvinas; por otro, el fortalecimiento de la infraestructura considerada estratégica para la defensa nacional.
La nueva medida se suma así a las iniciativas que la administración de Milei viene impulsando alrededor del reclamo argentino por las islas y de la protección de los recursos naturales en los espacios marítimos que la Argentina considera propios.
