El Gobierno de Milei advierte sobre la posible judicialización de la Ley de Movilidad Jubilatoria
Por Alejo Pombo
El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el Gobierno está evaluando la posibilidad de llevar la Ley de Movilidad Jubilatoria a la Justicia si el Congreso decide rechazar el veto presidencial y continuar con su sanción.
«Si el camino es judicializarlo, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si se van a recortar otras partidas, todo está en análisis», afirmó Adorni durante la conferencia de prensa diaria.
El proyecto de ley, que obtuvo el respaldo de ambas cámaras, ha sido calificado por la administración libertaria como una amenaza al plan de Gobierno y como un acto de «demagogia populista». El vocero destacó que el equilibrio fiscal es una prioridad y no se encuentra en discusión.
A pesar del veto presidencial, el Poder Legislativo tiene la facultad de insistir en la sanción de la ley. Para ello, ambas cámaras deben reunir dos tercios de los votos, lo que permitiría que la ley quede promulgada a pesar de la oposición del Ejecutivo. Si no se logra ese número en alguna de las cámaras, el veto se mantendrá y el proyecto no podrá ser tratado nuevamente en ese año.
Adorni también expresó que la sanción de la ley representa «una irresponsabilidad fiscal de la vieja política que conspira contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para controlar la inflación». Señaló que la ley aprobada implica un aumento en el gasto público, lo que atenta contra el superávit fiscal.
El vocero subrayó que el equilibrio fiscal es «absolutamente innegociable» y que cualquier medida que lo amenace «será pan para hoy y hambre para mañana». Además, reiteró que en el gobierno del presidente Milei no se permitirá ninguna acción que comprometa las cuentas públicas, sea cual sea la duración de su mandato.
Finalmente, Adorni confirmó que el veto a esta ley será total, afirmando que no se permitirá ninguna iniciativa que ponga en peligro el equilibrio fiscal.
