Por Alejo Pombo
El vocero del Fondo Monetario Internacional, Gerry Rice, confirmó que espera la llegada a Washington del ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo a mediados de marzo para avanzar en la discusión del nuevo programa.
Además, adelantó que el staff del organismo trabaja en un informe «autocrítico» sobre programa Stand-By firmado en 2018 con el gobierno de Mauricio Macri. Por su parte, Guzmán se lanzará en busca de apoyo de los países más poderosos del mundo para las negociaciones tanto con el FMI como con el Club de París.
En su habitual conferencia de prensa quincenal, Rice evitó precisar la fecha de una próxima misión formal del staff al país, aunque ratificó que esperan la llegada de la comitiva argentina.
Además, el portavoz aseguró que, mientras tanto, las discusiones «continúan siendo muy activas y constructivas».
Tras la carta enviada este lunes a la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI por parte del bloque de senadores del Frente de Todos en la que instaban a investigar las irregularidades del programa de 2018, la novedad es que Rice adelantó que el propio staff del organismo trabaja en un informe sobre ese acuerdo que se publicará en los próximos meses. Se trata de un análisis distinto al que realiza la OEI.
«El personal está trabajando en una evaluación que analizará el programa de 2018. Lo hacemos para todos los casos de programas de acceso excepcional. Examinaremos el contexto y el desempeño del programa. La idea es extraer lecciones. Este modo de ser autocrítico y transparente es uno de los puntos fuertes del FMI. No tengo un cronograma específico para el informe.
Pero se lo llevará a nuestra junta para su discusión y se publicará como todas estas evaluaciones ex post», expresó Rice.
El oficialismo cuestiona el monto récord por ser «desproporcionado en relación con las reales posibilidades financieras de repago» y el hecho de que buena parte de los fondos se haya utilizado para financiar un proceso de salida de capitales del país, algo que prohíbe el estatuto del FMI.
Son los argumentos con los que el Gobierno empuja hacia una excepcionalidad, en este caso, favorable para el país: una ampliación de los plazos del nuevo programa más allá del tope de diez años que prevén los acuerdos de facilidades extendidas (EFF por su sigla en inglés), la línea en negociación.
Guzmán señaló en una reciente entrevista con AM 750 que «poder tener un programa distinto (al EFF, en cuanto a sus plazos de repago) requeriría cambiar la estructura financiera internacional y para eso sería necesario el apoyo de los países más avanzados».
