Cristina Fernández de Kirchner presentó este lunes un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar el decomiso dispuesto sobre bienes vinculados a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, en el marco de la causa judicial que tramita en el Tribunal Oral Federal 2.
La presentación busca impedir el avance de la medida sobre 19 inmuebles ubicados en la provincia de Santa Cruz, cuya titularidad había pasado de Néstor Kirchner y de la propia expresidenta a sus descendientes.
En el escrito, la defensa cuestionó el alcance de la resolución judicial y sostuvo que el decomiso fue extendido “indebidamente” sobre activos que, según argumentaron, tendrían origen lícito.
Los abogados señalaron que la decisión del TOF 2 avanzó “ya no sobre los instrumentos, el producto o el provecho del delito, sino sobre activos de origen legal”, y advirtieron que no existirían pruebas que vinculen directamente esos bienes con los hechos investigados.
Entre las propiedades cuestionadas figuran diez departamentos y dos viviendas en Río Gallegos, además de parcelas ubicadas en Lago Argentino.
La defensa sostuvo que no se realizó “una sola medida probatoria” que permita concluir que los bienes de Máximo y Florencia Kirchner constituyan producto o provecho del delito investigado en la causa.
Según el planteo judicial, las propiedades habrían sido adquiridas por Néstor y Cristina Kirchner “a título oneroso” y mediante operaciones “genuinas y lícitas”.
Por su parte, el Tribunal Oral Federal 2 justificó el decomiso al considerar que los inmuebles fueron comprados dentro del período temporal analizado durante el proceso judicial y que podían formar parte de los bienes alcanzados por la condena.
Ese criterio fue ratificado en mayo por la Cámara Federal de Casación Penal, que dejó firme un decomiso superior a los $684.000 millones y habilitó el eventual remate de activos para resarcir al Estado.
En ese fallo, la Sala de Casación sostuvo que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”.
Además, el tribunal señaló que el decomiso puede extenderse a bienes en poder de terceros no condenados cuando hubieran recibido activos provenientes del delito “a título gratuito, incluso por vía hereditaria”.
Frente a esa interpretación, la defensa de la expresidenta insistió en que ni Máximo ni Florencia Kirchner fueron condenados en la causa y sostuvo que la medida vulnera el derecho de propiedad, además de afectar los principios de inocencia y debido proceso.
En el recurso presentado ante la Corte Suprema, los abogados remarcaron también que el Ministerio Público Fiscal conserva la facultad de identificar otros bienes que eventualmente pudieran ser alcanzados por medidas de recupero patrimonial.
Ahora será el máximo tribunal el que deberá resolver si admite el recurso y revisa el alcance del decomiso dispuesto por las instancias inferiores, en una definición que podría tener fuerte impacto político, judicial y patrimonial.
