Crece la tensión: investigan créditos a dirigentes del oficialismo
El Gobierno enfrenta un nuevo frente judicial tras la presentación de dos denuncias penales por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo, un caso que ya comenzó a escalar en Comodoro Py y sumó su primera consecuencia política.
Las presentaciones quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, mientras que en la Casa Rosada y en la entidad bancaria trabajan contrarreloj en una estrategia de defensa que será presentada ante la Justicia en las próximas horas.
Desde el Ejecutivo aseguran que los préstamos fueron otorgados dentro del marco legal vigente y rechazan cualquier tipo de trato preferencial. En esa línea, el Banco Nación sostiene que las operaciones se ajustaron a criterios técnicos habituales —ingresos, garantías y capacidad de repago— y que los créditos cuentan con respaldo hipotecario y codeudores.
Sin embargo, las denuncias ponen en duda ese esquema. La primera, impulsada por el abogado Alejandro Díaz Pascual, apunta contra el extitular del banco, Daniel Tillard, y el funcionario del Banco Central Juan Ernesto Curuchet, bajo sospechas de delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad.
La segunda presentación, promovida por la diputada Mónica Frade junto al legislador Esteban Paulón, amplía el foco e incluye a varios beneficiarios de los créditos, entre ellos funcionarios y dirigentes libertarios. El eje de esta causa pasa por determinar si existieron condiciones especiales, conflictos de interés o beneficios indebidos.
Impacto político: una salida en el Gobierno
En paralelo, el caso ya tuvo su primera derivación dentro del Ejecutivo. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, decidió desplazar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, luego de que quedara involucrado en la polémica.
El exfuncionario había accedido a un crédito hipotecario cercano a los $420 millones, uno de los montos más altos dentro del listado de beneficiarios. Según trascendió, la decisión no estuvo vinculada a la legalidad del préstamo, sino a su incompatibilidad con la política de austeridad que intenta sostener el Gobierno.
La salida refuerza la dimensión política del caso, que ya no se limita al plano judicial y amenaza con seguir generando costos internos.
Por ahora, la clave estará en la respuesta oficial y en el avance de las investigaciones, que deberán determinar si los créditos cuestionados fueron parte de un mecanismo regular o de un esquema con beneficios selectivos.
