Crece la tensión en Bolivia con bloqueos, marchas y denuncias cruzadas

El Gobierno de Bolivia anunció este martes que presentará una denuncia formal ante la Organización de los Estados Americanos por un presunto intento de “desestabilización” del orden democrático, luego de los graves disturbios registrados en la ciudad de La Paz durante las protestas del lunes.

La decisión fue comunicada por el canciller boliviano Fernando Aramayo, quien responsabilizó directamente a sectores afines al expresidente Evo Morales por impulsar acciones contra el Gobierno de Rodrigo Paz.

“La comunidad internacional tiene que saber que el señor Morales está en un ánimo desestabilizador y de ruptura del orden democrático”, afirmó el funcionario en declaraciones reproducidas por medios locales.

El canciller confirmó además que Bolivia expondrá este miércoles la situación política y social del país ante la Asamblea de la OEA y solicitará el envío de una misión internacional para verificar los hechos de violencia ocurridos en los últimos días.

Desde el Gobierno diferenciaron las protestas sociales de los episodios que calificaron como actos de vandalismo y sedición.

“Hay movilizaciones que expresan demandas sociales legítimas, pero aquellas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz y derivan en violencia no pueden confundirse con reivindicaciones populares”, sostuvo Aramayo.

En la misma línea, remarcó que el Ejecutivo mantiene disposición al diálogo con distintos sectores, aunque descartó cualquier negociación vinculada a pedidos de renuncia presidencial o acciones consideradas delictivas. “No se puede negociar el crimen ni la sedición”, enfatizó.

La crisis política y social continúa escalando en Bolivia luego de los incidentes registrados en La Paz, donde grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos, destrozos y saqueos en medio de reclamos vinculados a la crisis económica y la falta de combustible y dólares.

En paralelo, este martes se retomaron las movilizaciones en la ciudad de El Alto y en distintos puntos del país. Sectores del transporte, organizaciones vecinales y maestros rurales marcharon hacia la capital boliviana para exigir respuestas económicas y reclamar la renuncia del presidente.

Según reportes oficiales, la jornada comenzó con al menos 32 bloqueos en rutas nacionales, concentrados principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí.

La situación también generó repercusiones internacionales. La Delegación de la Unión Europea y las embajadas de Alemania, España, Francia, Italia y Suecia en Bolivia difundieron un comunicado conjunto en el que pidieron “calma y diálogo” dentro del respeto al orden constitucional y los derechos humanos.

Por su parte, la expresidenta Jeanine Áñez cuestionó los pedidos de renuncia contra Rodrigo Paz y condenó los episodios de violencia ocurridos durante las manifestaciones.

“Nada justifica humillar familias, golpear personas o destruir pequeños negocios construidos con años de esfuerzo”, escribió en redes sociales.

La administración boliviana enfrenta desde hace semanas una creciente presión social producto de la inflación, la escasez de combustibles, la falta de divisas y el deterioro de la actividad económica, en un escenario de fuerte tensión política interna dentro del oficialismo y la oposición.