Condenaron a 19 expolicías bonaerenses por una trama narco
Diecinueve expolicías bonaerenses y seis civiles fueron condenados por integrar una organización que extorsionaba a narcotraficantes y se quedaba con parte de sus cargamentos. El caso “Leones Blancos”, ocurrido en 2013, fue una de las maniobras centrales de una estructura que también involucró a funcionarios judiciales.
El Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y seis civiles por integrar una organización que extorsionaba a narcotraficantes, armaba procedimientos falsos y se apoderaba de cargamentos de droga para luego reinsertarlos en el mercado ilegal. Las penas llegaron hasta los 17 años de prisión.
El juicio oral se extendió durante casi dos años y permitió reconstruir el funcionamiento de una estructura que operaba principalmente desde las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro.
Según la investigación, los integrantes utilizaban recursos, información y facultades propias de sus funciones para seleccionar objetivos vinculados al narcotráfico, exigirles dinero y manipular causas judiciales.
Uno de los episodios centrales fue el denominado operativo “Leones Blancos”, realizado en diciembre de 2013 en una quinta de Moreno perteneciente al clan Loza.
En aquella maniobra se informó oficialmente el secuestro de alrededor de 500 kilos de cocaína. Sin embargo, durante la investigación se determinó que los policías se habrían apoderado de una cantidad similar de droga que se encontraba en un vehículo de la organización criminal.
La cocaína sustraída tenía un valor estimado de entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y habría sido trasladada hasta Santa Clara del Mar. Desde allí, según la acusación, estaba previsto distribuirla en distintos puntos de la costa atlántica y en circuitos internacionales.
El caso “Leones Blancos” había sido anulado previamente por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, que detectó graves irregularidades en el procedimiento. Entre ellas, se estableció que la supuesta denuncia anónima que había dado origen al operativo nunca había existido.
Entre los condenados aparecen altos mandos policiales como Roberto Okurzaty, señalado como organizador de la asociación ilícita y condenado a 17 años de prisión. También recibieron penas elevadas Marcelo Di Rosa, Juan José Magraner y Adrián Baeta.
El fallo consideró que no se trató de hechos aislados, sino de una estructura organizada que utilizaba las propias herramientas del Estado para intervenir ilegalmente en el negocio de los estupefacientes.
La sentencia también abrió un nuevo capítulo judicial al ordenar que se profundice la investigación sobre la posible participación de funcionarios judiciales. Entre ellos aparece el exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, quien fue destituido en 2023.
La acusación contra Scapolan había sido uno de los ejes centrales del juicio. Durante el debate, el fiscal había sostenido que su actuación debía analizarse dentro de un entramado más amplio de causas direccionadas, allanamientos irregulares y cobertura institucional a procedimientos policiales ilícitos.
El caso vuelve a poner bajo la lupa una investigación que durante años expuso la posible connivencia entre sectores de la Policía Bonaerense, funcionarios judiciales y organizaciones dedicadas al narcotráfico.
