Con cambios a pedido de los gobernadores, la Nación firmó con las provincias el nuevo acuerdo federal
El Gobierno finalmente firmó con todas las provincias un acuerdo federal para cohesionar criterios de déficit, gasto y transparencia, puso en marcha el debate por una nueva ley de coparticipación y formalizó la devolución de $37.000 millones a cuenta de la deuda de coparticipación, aunque el convenio registró cambios de último momento a pedido de los gobernadores.
Fuentes oficiales que participaron del encuentro, que tuvo lugar esta tarde en el Salón de los Pueblos Originarios de la Casa Rosada, «los gobernadores pidieron remover la cláusula 4 y el tercer párrafo de la cláusula 2, además de cambiarle el nombre al acuerdo y pasarlo a llamar carta de intención».
El elemento retirado de la cláusula 2, constaba en el borrador final hoy reformado, el cual dejaba abierta la puerta para una discusión por la actualización del Fondo del Conurbano a favor de la provincia de Buenos Aires, ya que «los gobiernos peronistas dejaron trascender que ellos también tienen injusticias en la distribución de recursos y que será mejor discutir todo una vez que se hable de la coparticipación general».
La cláusula 4 que estaba prevista fue retirada para evitar que pueda ser interpretada «como posible renuncia a un pleito judicial» por parte de las provincias en cuanto a la coparticipación, explicaron desde Casa Rosada, crítica que ya había sido explicitada en reuniones previas por los equipos técnicos de los gobernadores.
«La distribución de los recursos entre la Nación y las provincias deberá respetar los lineamientos establecidos en la Constitución, procurando que la misma se realice en base a criterios objetivos de reparto, considerando las competencias, los servicios y las funciones que tengan a su cargo», expresa la Cláusula 2, en alusión a una nueva ley de coparticipación que será consensuada de cara a 2017.
En la Cláusula 1, la carta de intención apela al déficit fiscal expide a las partes a «adoptar las medidas que fueran necesarias a los fines de impulsar la convergencia al equilibrio fiscal en cada jurisdicción en el año 2019 y mejorar de manera progresiva la calidad de los servicios prestados por el Estado».
El texto llama a un compromiso para «mejorar la efectividad del gasto público y de la inversión pública, alcanzando una provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios, a fortalecer la autonomía fiscal mediante el aumento de la recaudación propia y a respetar el principio de equidad horizontal y la progresividad de los tributos».
En la Cláusula 3, se establece la puesta en marcha de un debate para definir una nueva ley de coparticipación federal (en Interior aspiran a tenerla consensuada «para fines de 2017 a más tardar»), y también disponer «metas fiscales que converjan al equilibrio financiero para 2019».
En sus considerandos, el Gobierno recuerda el convenio suscripto el 18 de mayo pasado en el que se «se establece la devolución escalonada y progresiva a estas últimas del 15% de la coparticipación que se les retiene desde 1992, durante los años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, a razón de 3 puntos porcentuales por año calendario», además de la posibilidad de financiamiento de hasta el valor de 6 puntos más tasas subsidiadas con fondos de la Anses, lo que suma 37.126 millones de pesos.
Los tres gobiernos que no contaban con el aval de sus respectivas Legislaturas para suscribir el pacto, La Rioja, Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, firmaron «ad referéndum» y se pondrá en práctica una vez que consigan la aprobación.
A pesar de las especulaciones que hubo ayer, el presidente Mauricio Macri no pasó a saludar pero sí se sumó al encuentro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la reunión fue presidida por el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, y contó con las exposiciones de los ministros Alfonso Prat-Gay (Hacienda) y Oscar Aguad (Telecomunicaciones), y los funcionarios Adrián Pérez y Ricardo Delgado (Interior).
Los gobernadores presentes fueron Gerardo Morales (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Sergio Uñac (San Juan), María Eugenia Vidal (Buenos Aires), Lucía Corpacci (Catamarca), Juan Schiaretti (Córdoba), Ricardo Colombi (Corrientes), Domingo Peppo (Chaco), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Casas (La Rioja), Alfredo Cornejo (Mendoza), Hugo Passalacqua (Misiones), Héctor Gutiérrez (Neuquén), Juan Manuel Urtubey (Salta), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Claudia Ledesma (Santiago del Estero), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Juan Manzur (Tucumán), Rosana Bertone (Tierra del Fuego).
En representación de sus gobernadores, estuvieron los vicegobernadores de Chubut, Mariano Arcioni, y de Santa Fe Carlos Fascendini, así como el vicejefe de Gobierno de la CABA, Diego Santilli.
Desde Interior informaron a Télam que en el transcurrir de agosto se pondrá en marcha una mesa para discutir la coparticipación con representantes de las 24 provincias y «en tandem» con el Ministerio de Hacienda, con la meta de tener un proyecto nuevo para fines de 2017.
