Caso Adorni: apuntan a terceros en la compra del departamento
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este miércoles nuevos testimonios clave, luego de que las dos jubiladas que le financiaron USD 200.000 para la compra de un departamento en Caballito aseguraran que la operación fue gestionada por sus hijos.
Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64) declararon ante el fiscal Gerardo Pollicita en los tribunales de Comodoro Py, donde brindaron detalles sobre la venta del inmueble ubicado en la calle Miró, adquirido en noviembre de 2025 por el funcionario.
Durante su exposición, Sbabo —titular del 50% del crédito otorgado— afirmó desconocer los pormenores de la operación y sostuvo que la negociación estuvo a cargo de su hijastro, Leandro Miano, y de Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas.
Según trascendió, Feijoo mantiene un vínculo personal con Adorni, lo que agrega un elemento relevante para la investigación judicial.
El departamento fue vendido por USD 230.000, aunque el funcionario solo habría abonado USD 30.000 al momento de la compra. El saldo restante —equivalente al 87% del valor— fue financiado por las propias vendedoras, sin intereses y con vencimiento a un año, de acuerdo a lo informado por la escribana Adriana Nechevenko.
La jornada se dio luego de que otras dos mujeres —una policía retirada y su hija— declararan haberle prestado USD 100.000 para la compra de otra propiedad. En ese caso, señalaron que el funcionario aún adeuda unos USD 70.000.
En paralelo, la investigación también incluye otras operaciones bajo análisis, como una vivienda no declarada en un country de Exaltación de la Cruz y viajes en avión privado, en el marco de posibles inconsistencias patrimoniales.
Además, en el expediente ya declaró el exfutbolista Hugo Morales, quien indicó que originalmente vendió el inmueble a las jubiladas por USD 200.000, un valor inferior al de mercado debido a la necesidad de realizar refacciones.
La causa continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios, mientras la Justicia busca determinar el origen de los fondos y las condiciones reales de las operaciones inmobiliarias.
