Por Alan Fox
La Fiscalía General de Brasil presentó una apelación contra la decisión judicial que anuló las condenas a prisión que pesaban contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La apelación deberá ser juzgada por el pleno del Supremo, formado por once magistrados, y en ella no solo estarán en juego las penas de cárcel dictadas contra Lula, que suman casi 26 años, sino también sus derechos políticos y la posibilidad de postular a la Presidencia en 2022, que ha recuperado con el fallo que anuló las sentencias.
La anulación de las penas fue decidida el pasado lunes por el juez Edson Fachin, miembro de la Corte Suprema y responsable en ese tribunal de la operación anticorrupción Lava Jato, que condujo la investigación contra el ex presidente.
Fachin argumentó que las causas en que Lula fue acusado y hallado culpable no tenían relación directa con los escándalos en la estatal Petrobras, a los que se limitaba la competencia de la corte de primera instancia entonces dirigida por el ex juez Sergio Moro.
El magistrado Fachin determinó que, debido a ese «error» de jurisdicción, los procesos deben ser anulados y retomados por tribunales de Brasilia, una decisión que la Fiscalía General ha pedido ahora que sea revisada.
Según la demanda de la Fiscalía ante el Supremo, la solicitud de mantener las decisiones adoptadas por el tribunal de Curitiba «se fundamenta en la defensa de la estabilidad procesal y la seguridad jurídica».
También sostiene que en las cuatro causas que han sido anuladas, en dos de las cuales ya había sentencia, existía una relación con las corruptelas en Petrobras, pues trataban de sobornos supuestamente recibidos por el ex presidente de empresas constructoras que habían obtenido contratos con la petrolera en forma fraudulenta.
