AySA: quiénes son los dos grupos que avanzaron en la licitación por el control de la empresa

La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) avanzó este martes con la apertura de las ofertas técnicas y ya quedaron identificados los dos consorcios que continúan en carrera por el control del 90% de las acciones que actualmente están en manos del Estado nacional.

Las propuestas corresponden al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX, encabezado por Rowing S.A., y al consorcio Roggio ROAS S.A.U. y otros. De los 17 interesados que se habían registrado inicialmente, estas fueron las dos propuestas que avanzaron a la instancia de análisis técnico.

Ahora, la Comisión de Evaluación deberá analizar la documentación presentada y verificar que los oferentes cumplan con los requisitos establecidos en el pliego. Los que superen esta instancia quedarán habilitados para presentar las ofertas económicas, que definirán al adjudicatario.

El mecanismo establece que el ganador será quien presente la propuesta económica más alta, ya que el pliego no fija un precio base o un monto mínimo para la operación.

El primer consorcio está liderado por Rowing y tiene entre sus integrantes a Arcos Saneamento e Participações, vinculada al grupo brasileño Equipav, Transclor y PHX Aqua. Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti y es actualmente proveedor de policloruro de aluminio para AySA.

El segundo grupo está encabezado por el Grupo Roggio y cuenta con la participación de Aguas Cordobesas y Aguas de Corrientes, además del respaldo técnico de la israelí Mekorot y la japonesa Marubeni.

La operación contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de AySA que pertenecen al Estado nacional. El 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

La privatización fue autorizada por el Gobierno mediante un esquema que prevé la venta de al menos el 51% del paquete accionario a un operador estratégico y posteriormente la colocación en bolsas y mercados del remanente de las acciones estatales. En ese esquema, el objetivo anunciado es que el operador privado tenga el control de la compañía.

Uno de los puntos centrales del proceso son las obligaciones de inversión. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, el futuro operador deberá afrontar más de US$2.000 millones de inversiones durante los primeros cinco años, destinadas a la expansión y mejora del servicio de agua potable y cloacas.

El pliego establece además compromisos de inversión de largo plazo y un contrato de concesión con una duración inicial de 30 años, con la posibilidad de una extensión según las condiciones previstas en el esquema de privatización.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo operador deberá hacerse cargo de las inversiones necesarias para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Caputo destacó el avance de la licitación y afirmó que el proceso implica que el sector privado asuma la operación junto con las obligaciones de inversión y expansión establecidas en el contrato.

La administración de Javier Milei también plantea la privatización como parte de su política de transferencia de empresas públicas al sector privado. En la explicación oficial del proceso, el Gobierno cuestionó los recursos que AySA recibió del Tesoro durante los años anteriores y sostuvo que el nuevo esquema busca reducir la participación estatal directa en la operación.

La empresa presta los servicios de agua potable y saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y distintos municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura que alcanza a unos 14 millones de habitantes.

La próxima etapa será el análisis de las propuestas técnicas. Una vez finalizada esa revisión, los oferentes que cumplan con las condiciones del pliego podrán avanzar hacia la presentación de sus ofertas económicas. Recién entonces se conocerá quién quedará a cargo del control de AySA.