Golpe al entorno de Maduro: Alex Saab admitió un esquema de sobornos y acordó colaborar con Estados Unidos

Alex Saab, empresario colombiano y exministro de Industria de Venezuela, y acusado de ser testaferro de Maduro, se declaró culpable este martes ante una corte federal de Miami de conspiración para lavar dinero y alcanzó un acuerdo de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Como parte del pacto, aceptó entregar US$195 millones en concepto de decomiso de fondos vinculados con el esquema investigado y colaborar con las autoridades en otras investigaciones.

La declaración se produjo ante la jueza federal Kathleen M. Williams. Saab había reconocido inicialmente su inocencia en julio, pero ahora modificó su declaración y aceptó su responsabilidad por un cargo de conspiración para lavar instrumentos monetarios. El delito contempla una pena máxima de 20 años de prisión, aunque los fiscales acordaron recomendar una condena ubicada en el extremo inferior del rango establecido por las pautas federales y solicitar reducciones adicionales si su cooperación resulta útil.

Según los documentos judiciales, Saab admitió haber participado desde 2015 junto con funcionarios venezolanos de alto nivel en un esquema de sobornos y pagos ilegales relacionado con el Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), el programa creado durante el gobierno de Nicolás Maduro para distribuir alimentos y otros productos básicos entre sectores de bajos ingresos.

El acuerdo establece que empresas controladas de manera secreta por los integrantes del esquema obtenían contratos del gobierno venezolano para importar alimentos y medicamentos. Para canalizar y ocultar el dinero, se utilizaron compañías intermediarias, cuentas bancarias en distintos países y documentación comercial falsa. Parte de los fondos terminó en cuentas ubicadas en Estados Unidos.

El documento judicial menciona por nombre a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También identifica a otras dos personas como “co-acusado 1” y “co-acusado 3”, cuyos nombres no fueron divulgados públicamente por la Fiscalía.

Entre los hechos reconocidos por Saab aparece el pago de sobornos a funcionarios venezolanos para facilitar la adjudicación de contratos. De acuerdo con los documentos del caso, el esquema permitió que empresas bajo control de los involucrados obtuvieran contratos millonarios relacionados con el programa CLAP. Uno de los funcionarios mencionados, José Gregorio Vielma Mora, habría recibido US$17 millones en sobornos, según la acusación estadounidense.

La investigación también abarca operaciones vinculadas con recursos provenientes de Venezuela y, según los documentos judiciales, durante el desarrollo del esquema se utilizaron ingresos derivados de petróleo, oro y otros recursos naturales para efectuar pagos y mover fondos fuera del sistema financiero venezolano.

Uno de los puntos de mayor interés del acuerdo es la cooperación de Saab. El pacto lo obliga a proporcionar información, testimonios, documentos y otras pruebas que sean requeridos por el Departamento de Justicia en investigaciones o procedimientos judiciales. También establece que no podrá ocultar deliberadamente información, proteger a personas mediante datos falsos ni incriminar de manera consciente a personas inocentes.

Sin embargo, el acuerdo no identifica públicamente qué investigaciones concretas serán objeto de su colaboración ni establece que Saab vaya a declarar específicamente contra Nicolás Maduro. Su eventual aporte a otras causas dependerá de la información que entregue y de la valoración que hagan los fiscales estadounidenses sobre su utilidad.

La causa tiene además un antecedente particular. Saab había sido detenido en Cabo Verde en 2020 durante una escala para reabastecer combustible y posteriormente fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó otra investigación por un presunto esquema de lavado relacionado con unos US$350 millones.

En diciembre de 2023, el entonces presidente estadounidense Joe Biden le concedió un indulto como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Saab regresó posteriormente a Caracas y ocupó funciones dentro del gobierno venezolano, pero volvió a quedar bajo custodia antes de ser trasladado nuevamente a Estados Unidos en mayo de 2026.

El nuevo acuerdo judicial abre ahora una etapa diferente para Saab: además de enfrentar una futura sentencia, su cooperación puede convertirse en un elemento relevante para otras investigaciones estadounidenses relacionadas con funcionarios, empresas y operaciones financieras vinculadas al gobierno venezolano.

La fecha de la sentencia todavía no había sido establecida oficialmente al momento de su declaración de culpabilidad. La jueza Williams será quien determine finalmente la pena, teniendo en cuenta las pautas federales, los términos del acuerdo y el valor de la cooperación que Saab pueda brindar.