Malvinas: el Reino Unido respaldó a las empresas que operan en las islas y rechazó las sanciones argentinas

El Reino Unido elevó este martes la tensión diplomática con Argentina por las Islas Malvinas al publicar una guía oficial destinada a empresas que desarrollan actividades económicas en el archipiélago y respaldar expresamente sus operaciones. En el documento, Londres reafirmó su posición sobre la soberanía de las islas y cuestionó las medidas adoptadas por el Gobierno de Javier Milei contra compañías vinculadas con la explotación de recursos naturales.

La guía, titulada “Doing business with the Falkland Islands”, fue publicada por el Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) junto con el Department for Business and Trade. Está dirigida a empresas y particulares que realizan actividades económicas en las islas, suministran bienes o servicios o participan, de manera directa o indirecta, del desarrollo de su economía, incluida la explotación de recursos naturales.

El Gobierno británico sostuvo que “apoya toda actividad económica legítima” en las islas y afirmó que no tiene dudas sobre la soberanía del Reino Unido. En ese marco, volvió a definir al archipiélago como un “territorio británico de ultramar” y señaló que no discutirá la cuestión de soberanía “a menos que y hasta que los isleños así lo deseen”.

Londres también reivindicó el derecho de los habitantes de las islas a regular su economía y desarrollar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos. Según el documento, las actividades relacionadas con esos recursos están reguladas por la legislación de las propias islas y se desarrollan bajo el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Uno de los puntos más directos de la guía está relacionado con las medidas impulsadas desde Buenos Aires. El Gobierno británico sostuvo que Argentina “no ejerce soberanía ni jurisdicción” sobre las islas y que la legislación argentina no se aplica dentro del archipiélago. También afirmó que Buenos Aires no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre empresas o particulares que desarrollen actividades comerciales en las islas o vinculadas con ellas.

El documento incluso cuestionó la posibilidad de que las sanciones argentinas puedan ser ejecutadas fuera del país. Londres señaló que no encuentra fundamento para que tribunales de terceros Estados puedan ejercer legítimamente jurisdicción respecto de esas medidas y recordó que Argentina ya había aplicado disposiciones similares durante gobiernos anteriores.

Al mismo tiempo, el Reino Unido recomendó a las empresas que reciban comunicaciones o amenazas de acciones legales por parte de autoridades argentinas que busquen asesoramiento jurídico independiente. La guía no constituye asesoramiento legal, sino que expone la posición oficial del Gobierno británico.

Londres fue incluso un paso más allá y ofreció respaldo directo a las compañías. Según la guía, si una empresa, una subsidiaria o un proveedor enfrenta presiones en un tercer país como consecuencia de una actividad considerada legítima y legal en las Malvinas, el Gobierno británico está dispuesto a intervenir para dejar clara su posición ante la compañía afectada.

La publicación se produce después de que el Gobierno de Milei intensificara sus acciones contra empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las aguas que Argentina considera parte de su plataforma continental.

El 4 de septiembre, la Casa Rosada informó el inicio de procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas por presuntas infracciones a la Ley 26.659. Cuatro días después sumó otros 15 sujetos, con lo que el número de procedimientos alcanzó los 60.

Además, el Gobierno argentino presentó denuncias penales contra compañías vinculadas con el proyecto Sea Lion, entre ellas Navitas Petroleum Development & Production, Navitas Petroleum Atlantic United, JHI Associates y Eco Atlantic Oil & Gas. La administración de Milei sostiene que las actividades hidrocarburíferas desarrolladas con licencias otorgadas por las autoridades de las islas vulneran la legislación argentina.

El conflicto tiene como uno de sus principales puntos de tensión al proyecto Sea Lion, impulsado por un consorcio encabezado por Navitas y Rockhopper, que prevé avanzar hacia la producción de petróleo en la Cuenca Norte de las Malvinas. Para el Gobierno argentino, se trata de una explotación de recursos naturales realizada sin autorización de las autoridades nacionales.

En paralelo, el Poder Ejecutivo argentino reforzó el régimen de aplicación de la Ley 26.659 mediante el Decreto 868/2026, que estableció nuevos mecanismos para acelerar los procedimientos administrativos contra personas y empresas alcanzadas por las prohibiciones de la norma y designó a la Cancillería como autoridad de aplicación.

Así, mientras Argentina sostiene que las actividades hidrocarburíferas en el área en disputa vulneran sus derechos soberanos y su legislación, el Reino Unido afirma que las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales y que las normas argentinas no pueden aplicarse sobre empresas que operan allí. La nueva guía británica formaliza esa posición y agrega un respaldo concreto a las compañías que puedan quedar alcanzadas por las medidas argentinas.