Alertan por riesgos estratégicos tras el proyecto para desregular el cabotaje

El proyecto del Gobierno nacional para desregular el cabotaje naviero volvió a abrir el debate sobre el futuro de la marina mercante argentina. Tras el anuncio realizado por el presidente Javier Milei durante su discurso en la Sociedad Rural, especialistas en transporte marítimo, geopolítica y referentes del sector advirtieron sobre los riesgos estratégicos de habilitar una mayor participación de operadores extranjeros sin establecer criterios de reciprocidad ni controles específicos.

La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca modificar el régimen vigente para facilitar el ingreso de buques extranjeros al transporte entre puertos argentinos, con el objetivo de reducir costos logísticos y fomentar la competencia. Sin embargo, distintos actores del sector sostienen que una reforma de ese alcance debe contemplar aspectos vinculados a la seguridad, la soberanía y el desarrollo de la flota nacional.

Uno de los principales cuestionamientos apunta al impacto geopolítico que podría generar una apertura sin regulaciones adecuadas. Especialistas sostienen que el control de la infraestructura marítima y de los corredores logísticos se convirtió en un eje de competencia entre las principales potencias y advierten sobre el creciente interés de China por consolidar su presencia en América Latina mediante inversiones en puertos y servicios marítimos.

En ese contexto, mencionan como antecedente el megapuerto de Chancay, en Perú, operado por la empresa estatal china Cosco Shipping, y alertan que una mayor participación de compañías extranjeras en el cabotaje argentino podría derivar en nuevos desafíos vinculados a la seguridad, la logística y la autonomía estratégica del país.

Fernando Morales, referente de la Liga Naval Argentina, también expresó reparos sobre la propuesta oficial y aseguró que la modificación del régimen de practicaje podría tener consecuencias negativas para una actividad considerada clave en la navegación de los ríos argentinos y en la seguridad de las operaciones marítimas.

En paralelo, la Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) reiteró que comparte la necesidad de modernizar el sistema logístico y reducir costos, aunque insistió en que cualquier cambio debe formar parte de una reforma integral que elimine las asimetrías laborales, fiscales, portuarias, registrales y burocráticas que afectan a la actividad.

La entidad sostuvo que abrir el cabotaje sin corregir esos desequilibrios no resolverá los problemas estructurales del sector y podría reemplazar capacidad nacional por flotas extranjeras, aumentando la dependencia de operadores internacionales y la exposición a la volatilidad de los mercados. Además, recordó que la mayoría de los países con litoral marítimo considera a su marina mercante un activo estratégico para garantizar la resiliencia logística y la seguridad económica.

Mientras el Gobierno avanza con el proyecto legislativo, el debate continúa abierto entre quienes defienden una mayor liberalización del transporte por agua para mejorar la competitividad y quienes reclaman que la reforma preserve la capacidad operativa nacional y contemple el escenario geopolítico internacional.