Por Alejo Pombo
El designado ministro de Justicia, Martín Soria, tendrá como uno de sus desafíos hacer valer su experiencia como diputado nacional para empujar los proyectos de ley que están estancados en la Cámara baja por falta de consensos.
Su conocimiento «in situ» de Diputados, la correlación de fuerzas, los distintos actores que allí pulsean le dan un plus a la hora de pensar estrategia para mover influencias y contactos de manera tal de empujar la agenda parlamentaria judicial, que incluye la mentada reforma de la Justicia Federal y la reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal.
En agosto del año pasado, el oficialismo logró aprobar en el Senado la reforma judicial, que apunta a crear un nuevo fuero penal federal y más juzgados, fiscalías y cámaras de apelaciones en siete provincias.
El objetivo en definitiva es diluir el poder que tienen los jueces y juezas federales, a los que sectores del Frente de Todos acusan de intervenir o manipular causas con fines políticos, especialmente en el marco de maniobras tendientes al «lawfare» .
En Diputados, el oficialismo no goza de mayoría propia y el proyecto quedó cajoneado hasta tanto no se consigan los cerca de ocho votos que restan.
Desde el kirchnerismo acusan a la renunciante ministra Marcela Losardo de no haber puesto el cuerpo a la reforma judicial, de no haberse apersonado en la Cámara baja para al menos dar la pelea por esos votos.
El fuego amigo «agobió» a la ministra, quien le presentó la renuncia al presidente Alberto Fernández, quien la envió a París como embajadora política ante la UNESCO, donde estará a salvo de las críticas.
Soria se presenta como una figura más proclive a embarrarse en la disputa parlamentaria, aprovechando que conoce el paño y a los interlocutores con los que tendrá que negociar.
Así como con la reforma judicial, lo mismo ocurre con el proyecto para modificar la Ley del Ministerio Público Fiscal.
