A 50 años del golpe: memoria, juicio y los 300 nietos que todavía faltan encontrar
Por Alejo Pombo
Este martes 24 de marzo se cumplen 50 años del golpe de Estado que derrocó a la presidenta Estela Martínez de Perón e instaló en el poder a una junta militar encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti. Lo que el régimen llamó Proceso de Reorganización Nacional fue definido años después, en el histórico Juicio a las Juntas, como terrorismo de Estado: un sistema represivo ilegal basado en el secuestro, la tortura y la desaparición forzada de personas.
Los meses previos al 24 de marzo de 1976 combinaron una crisis económica sin precedentes, una escalada de violencia política y un orden constitucional profundamente debilitado. El «Rodrigazo» de junio de 1975 —un plan de ajuste que disparó la inflación al 182% anual y derrumbó los salarios reales— había desatado el primer paro general contra un gobierno peronista. Las organizaciones paraestatales como la Triple A y los grupos guerrilleros ERP y Montoneros profundizaban la violencia, mientras sectores de la Sociedad Rural, empresariales y mediáticos respaldaban la intervención militar. Las tres fuerzas armadas coordinaron sus acciones con una uniformidad inédita respecto a los cinco golpes anteriores.
El régimen instaló centros clandestinos de detención en todo el país, siendo la ESMA el más emblemático. La represión apuntó a militantes políticos, sindicales y sociales con el objetivo de disciplinar a la sociedad y reestructurar la economía. Se disolvió el Congreso y se eliminó la libertad de expresión. El golpe se enmarcó además en el Plan Cóndor, una red transnacional de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur, respaldada por la CIA y el gobierno de Gerald Ford en Estados Unidos.
La resistencia surgió desde el dolor. El 30 de septiembre de 1976 nació Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la primera organización en reclamar públicamente por las víctimas. El 30 de abril de 1977 aparecieron por primera vez las Madres de Plaza de Mayo, rodeando en silencio la Pirámide de Mayo. Las Abuelas, inicialmente llamadas Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos, iniciaron la búsqueda de los niños nacidos en cautiverio o secuestrados.
Casi una década después, el 9 de diciembre de 1985, el Juicio a las Juntas dictó sentencia bajo la presidencia de Raúl Alfonsín. El fiscal Julio Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo lograron reunir en ocho meses testimonios y documentación que derivaron en condenas históricas: reclusión perpetua para Videla y Massera, y penas menores para otros integrantes de las juntas. El tribunal, presidido entre otros por León Arslanian y Ricardo Gil Lavedra, sentó un precedente mundial comparable, en su dimensión jurídica, a los juicios de Núremberg.
Las cifras del horror permanecen en disputa. La CONADEP documentó inicialmente 8.961 desaparecidos, documentos de inteligencia desclasificados por Estados Unidos elevan esa cifra a 22.000, y los organismos de derechos humanos sostienen que «fueron y son 30.000». Hasta julio de 2025, Abuelas de Plaza de Mayo recuperó 140 nietos, pero más de 300 personas víctimas del plan sistemático de apropiación aún desconocen su verdadera identidad.
