San Luis realizó 2.720 narcotest y detectó 17 positivos por drogas ilegales
San Luis realizó 2.720 narcotest durante 2026 y detectó 17 positivos por sustancias ilegales. El costo acumulado llegó a $74,8 millones y podría alcanzar los $159,5 millones si se completan los 5.800 análisis previstos. Los resultados positivos no implican automáticamente una adicción ni una sanción laboral.
El Gobierno de San Luis realizó 2.720 exámenes toxicológicos durante 2026 y detectó 17 resultados positivos por consumo de sustancias ilegales, según datos presentados este martes por el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, y el director de Legalidad y Ética Pública, Bruno Fernández. Las cifras corresponden a controles efectuados hasta el 22 de octubre y representan el 47% de las 5.800 muestras previstas para este año.
En total, 86 análisis dieron positivo para alguna de las sustancias contempladas por la Ley de Ejemplaridad y Coherencia para el Ejercicio de la Función Pública, conocida como Ley del Narcotest. Esto equivale al 3,16% de las pruebas realizadas. Sin embargo, 17 casos —el 0,63% del total— correspondieron a sustancias ilegales, mientras que los otros 69 estuvieron vinculados a otras sustancias detectadas.
La comparación con 2025 muestra un aumento en ambas proporciones. Durante ese año se realizaron 1.909 controles, con 48 resultados positivos (2,51%), de los cuales ocho correspondieron a drogas ilegales (0,42%).
Amondarain sostuvo que la casuística y los porcentajes se mantienen «más o menos» en niveles similares, aunque destacó que el número de personas sometidas a los análisis creció respecto del año anterior. De todos modos, los datos difundidos hasta octubre no permiten afirmar que haya disminuido la proporción de positivos por sustancias ilegales.
El costo de los controles
Cada análisis tiene un valor de $27.500. Por eso, las 2.720 muestras realizadas hasta el 22 de octubre representan un costo total de $74.800.000.
El gasto se distribuye entre los funcionarios de los tres poderes del Estado, a quienes se les descuenta el importe de sus haberes, y el Gobierno provincial, que financia los estudios del personal de Seguridad y Salud.
Si se completan las 5.800 pruebas previstas para este año y se mantiene el precio actual, el costo total ascenderá a $159.500.000. Se trata de una proyección que contempla tanto los descuentos salariales como los pagos afrontados directamente por el Estado.
Qué sucede cuando un análisis da positivo
Los resultados iniciales son presuntivos y no permiten determinar por sí solos si una persona tiene una adicción. Ante una detección, interviene el Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPAA), cuyo equipo interdisciplinario evalúa cada situación y analiza si existe un problema de consumo que pueda afectar el desempeño laboral.
La persona examinada también puede solicitar una prueba confirmatoria sobre una segunda fracción de la misma muestra, que permanece almacenada.
En cuanto a los antecedentes del Poder Ejecutivo, Fernández informó que durante 2025 hubo tres casos que requirieron intervención. Dos personas presentaron documentación que justificaba el consumo de determinadas sustancias medicinales, mientras que el tercero terminó con la baja de un trabajador.
En 2026, hasta la fecha del relevamiento, se registró un caso en ese ámbito que requirió la intervención del organismo especializado. No se precisó cuál fue su resolución. Tampoco se difundieron detalles sobre las consecuencias administrativas de los positivos correspondientes a otros poderes del Estado y al personal de Seguridad y Salud.
Cómo se realizan los narcotest
La implementación de la normativa se amplió este año a trabajadores de los ministerios de Seguridad y Salud. La selección se realiza mediante sorteos públicos semanales de 500 personas, organizados por la Caja Social y Financiera de la Provincia.
Las identidades se resguardan mediante códigos alfanuméricos. Quienes resultan seleccionados reciben una notificación los miércoles por correo electrónico y WhatsApp y deben presentarse al día siguiente para entregar una muestra de orina, dentro de un plazo de entre 12 y 18 horas desde el aviso.
Actualmente hay cuatro centros habilitados: el Hospital Viceintendenta Verónica Bailone, de Villa Mercedes; el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis y el Hospital Pediátrico San Luis, en la capital; y el Instituto Superior de Seguridad Pública, en Juana Koslay.
Durante la presentación, los funcionarios también señalaron que Neuquén y Santa Fe tomaron como referencia la experiencia sanluiseña para desarrollar sus propios proyectos de legislación sobre controles toxicológicos.
