Espert apeló su procesamiento por lavado y pidió ser sobreseído

José Luis Espert apeló el martes 27 de octubre el procesamiento por presunto lavado de activos dictado por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y solicitó que la Cámara Federal de San Martín revoque la medida, lo sobresea y deje sin efecto el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.

La causa investiga una transferencia de USD 200.000 que el exdiputado recibió en enero de 2020 de una firma vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por delitos financieros. La Justicia busca determinar el origen de los fondos y si fueron incorporados al circuito económico mediante operaciones destinadas a darles apariencia legal.

Espert sostiene que el dinero correspondió a un anticipo por un contrato de consultoría con la empresa minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la fiscalía cuestionó si los servicios contratados se prestaron efectivamente y planteó que el acuerdo podría haber sido utilizado para justificar la transferencia.

En su apelación, la defensa cuestionó la decisión de Mirabelli y argumentó que todavía no se acreditó el origen ilícito de los fondos. También señaló que continúa pendiente una respuesta de Estados Unidos a un pedido de información sobre la procedencia del dinero.

El exlegislador afirmó, además, que la transferencia ingresó a una cuenta a su nombre y que las operaciones posteriores fueron registradas. Por esos motivos, negó que haya existido una maniobra de ocultamiento y sostuvo que el fallo carece de pruebas suficientes. También calificó la causa como una persecución política.

La investigación analiza el uso de parte del dinero para comprar vehículos y los movimientos contables de Varianza S.A., la sociedad de consultoría que Espert constituyó con su esposa. El juez también procesó al contador Mariano Alejandro Cosentino, con un embargo de $700 millones, y a la empresa, con otro de $500 millones.

La Cámara Federal de San Martín deberá revisar los planteos de la defensa y resolver si confirma, modifica o revoca el procesamiento. Mientras tanto, continúan vigentes las medidas cautelares dispuestas por el juez de primera instancia.

La causa busca establecer si el dinero recibido tuvo un origen delictivo y si las operaciones investigadas constituyeron lavado de activos. El procesamiento no equivale a una condena y la responsabilidad penal deberá determinarse durante el proceso judicial.