Diputados: el Gobierno consiguió dictamen para la ley de soberanía
La Libertad Avanza obtuvo 60 firmas para el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa incorpora sanciones por la explotación ilegal de recursos en Malvinas, crea un Consejo de Seguridad Nacional y suma controles parlamentarios tras las negociaciones con bloques aliados.
El oficialismo consiguió dictamen de mayoría en la Cámara de Diputados para el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa del Gobierno que establece nuevas sanciones para las empresas que exploten ilegalmente recursos naturales en las Islas Malvinas. Tras negociar con bloques aliados e introducir modificaciones al texto original, La Libertad Avanza busca debatir la propuesta en el recinto el jueves 12 de noviembre.
El proyecto contempla un régimen de sanciones para compañías y actores vinculados con actividades no autorizadas en el Atlántico Sur. La nueva redacción delimita las responsabilidades de los operadores directos, determinados proveedores y accionistas relacionados con los emprendimientos. También excluye a accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a fondos de inversión indirectos.
Otro eje de la iniciativa es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Poder Ejecutivo. El organismo coordinará políticas de defensa, inteligencia y seguridad, y participará en la evaluación de inversiones extranjeras en sectores estratégicos. A partir de los planteos de los bloques dialoguistas, el oficialismo incorporó al Ministerio de Seguridad como miembro permanente y habilitó la participación de legisladores y otros funcionarios en determinadas circunstancias.
Entre los cambios acordados figura, además, la creación de una comisión bicameral de seguimiento, integrada por diputados y senadores. El cuerpo podrá supervisar las decisiones del Consejo y recibir información del Poder Ejecutivo, que deberá comunicar determinadas medidas dentro de las 48 horas. La incorporación apunta a establecer controles parlamentarios sobre las atribuciones del nuevo organismo.
El texto también reformula los artículos relacionados con posibles campañas de injerencia extranjera y la difusión de información. La nueva redacción delimita las conductas que podrían constituir delito cuando intervenga un Estado extranjero mediante acciones clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar elecciones o condicionar decisiones políticas. A su vez, incorpora excepciones expresas para el periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la expresión pública de opiniones.
El oficialismo aspira a reunir los votos para tratar la iniciativa el 12 de noviembre, después de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de ese mes. La aprobación del dictamen representa un avance en el trámite legislativo, pero el proyecto todavía deberá conseguir el respaldo necesario en el recinto.
