Preska anuló formalmente la condena de USD 16.100 millones por YPF

La jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, formalizó la anulación de la condena de USD 16.100 millones contra la Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y cerró el expediente en primera instancia. La decisión acata el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que en marzo de 2026 había revocado la indemnización, aunque la disputa todavía puede llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.

La resolución, denominada final judgment (sentencia final), incorpora al expediente original las consecuencias del fallo de segunda instancia y deja formalmente sin efecto la sentencia que Preska había dictado en septiembre de 2023. Se trata de un paso procesal que no implica el cierre definitivo del litigio.

Ahora, la definición depende de la Corte Suprema estadounidense, que deberá decidir si acepta el recurso de certiorari presentado por Burford Capital a comienzos de octubre. El fondo busca que el máximo tribunal revise la decisión que dejó sin efecto la millonaria condena contra el Estado argentino.

La Corte Suprema no está obligada a intervenir y no tiene un plazo establecido para responder. Si rechaza el pedido, quedará vigente el fallo favorable a la Argentina. Si acepta revisar el caso, se abrirá una nueva instancia judicial.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación señalaron que el Gobierno esperaba esta resolución desde marzo y que continuará con la defensa de los intereses del Estado. El organismo había explicado que la formalización del cierre en primera instancia era una consecuencia procesal de la revocación de la condena por parte de la Cámara de Apelaciones.

Cómo se originó el juicio por YPF

El conflicto comenzó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de las acciones de YPF. Los grupos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora y Eton Park demandaron al Estado argentino al considerar que la operación había vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios.

Burford Capital financia el litigio y adquirió los derechos de los demandantes originales. En septiembre de 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar USD 16.100 millones, una cifra que con los intereses acumulados superó los USD 18.000 millones.

En marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revirtió la sentencia al considerar que la interpretación del derecho argentino realizada en primera instancia no justificaba la indemnización reclamada. En junio, el tribunal rechazó un pedido de revisión plenaria presentado por los demandantes.

En paralelo, Burford impulsó un procedimiento ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.