Fiscales de San Luis rechazan la reforma judicial y piden una reunión urgente

Fiscales de las tres circunscripciones judiciales de San Luis solicitaron una audiencia urgente con el procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi, para expresar su rechazo y preocupación por un proyecto de reforma que modifica la organización de la Justicia y del Ministerio Público Fiscal. La iniciativa ya obtuvo media sanción en el Senado y continúa su tratamiento en la Cámara de Diputados.

En una nota dirigida al procurador, los funcionarios advirtieron que los cambios podrían ampliar sus responsabilidades sin un aumento salarial ni una asignación proporcional de recursos humanos y materiales. También sostuvieron que la propuesta podría perjudicar sus derechos laborales, su salud y el funcionamiento del organismo.

Los fiscales describieron sus condiciones actuales de trabajo como un contexto de “marcada vulnerabilidad”. Entre los problemas mencionaron salarios insuficientes, presión profesional y mediática, falta de personal e insumos y riesgos asociados al trato cotidiano con personas involucradas en causas penales.

Además, señalaron que las exigencias laborales pueden afectar su vida privada y que el trabajo que realizan está expuesto a cuestionamientos de distintos sectores.

Ante ese escenario, reclamaron una reunión con carácter urgente. Propusieron que se realice de manera virtual, aunque también manifestaron su disposición a participar de un encuentro presencial. Cada circunscripción judicial, indicaron, presentará sus argumentos específicos.

Qué cambios propone la reforma judicial

Uno de los principales puntos del proyecto es que un mismo fiscal pueda intervenir desde el inicio de una investigación penal hasta las instancias posteriores, incluido el juicio oral. El objetivo declarado de la modificación es evitar el traspaso de expedientes entre fiscales de instrucción y fiscales de juicio y dar continuidad a las causas.

La iniciativa también contempla la creación de fiscales coordinadores y faculta al procurador general a reasignar a los actuales fiscales de juicio de las tres circunscripciones a cargos de fiscal coordinador o fiscal penal.

Si la reasignación implica un cambio en el lugar de trabajo, el proyecto establece que deberá contar con el consentimiento expreso del funcionario. Además, fija un plazo máximo de dos años para que esas reasignaciones adquieran carácter definitivo.

La reforma incluye modificaciones en la estructura del Ministerio Público de la Defensa y prevé trasladar al ámbito del Ministerio Público Fiscal funciones relacionadas con el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas.

El Senado otorgó media sanción al proyecto el 29 de septiembre. Luego, la iniciativa continuó su análisis en Diputados, donde la Comisión de Asuntos Constitucionales debatió sus alcances el 13 de octubre.

Malestar por la postura del procurador

La presentación también expuso diferencias entre los fiscales y el procurador general. Según una fuente citada por La Gaceta Digital, algunos funcionarios están molestos porque Cadelago Filippi habría transmitido a legisladores que mantuvo reuniones con los fiscales y que estos respaldaban el proyecto.

La misma fuente sostuvo que esos encuentros no se habrían realizado y que los fiscales tampoco habrían sido consultados sobre los cambios propuestos.

Se trata de una versión atribuida a una fuente periodística y no de una conclusión confirmada de manera independiente. El pedido de audiencia busca, en este contexto, abrir una instancia de diálogo sobre una reforma que podría modificar la distribución de tareas y la organización interna del Ministerio Público Fiscal.